La iniciativa impulsada por sectores de centro y derecha reduce la edad de imputación penal en casos de delitos graves. El texto pasa a una comisión especial y requiere la aprobación de dos tercios del pleno de ambas cámaras legislativas en medio de debates sobre el sistema carcelario y la constitucionalidad de la medida.
La Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados aprobó la enmienda con 44 votos a favor en una jornada marcada por debates parlamentarios. Foto
10 de junio de 2026 Hora: 21:47
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La Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles, con 44 votos a favor y 18 en contra, la Propuesta de Enmienda a la Constitución nº 32/15, la cual reduce la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años en casos de crímenes graves.
El proyecto, impulsado por aliados del candidato presidencial Flávio Bolsonaro hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro junto con fuerzas de centro y derecha, representa el primer paso de su tramitación legislativa a menos de cuatro meses de las elecciones de octubre. La propuesta se traslada ahora a una comisión especial para su análisis antes de someterse a votación en dos rondas en el pleno de la Cámara.
El relator de la propuesta, el Coronel Adjunto Assis, defendió la viabilidad legal de la medida afirmando que no viola tratados internacionales ni las cláusulas de piedra de la Constitución Federal. El diputado Jonildo de José Assis, de la misma organización política, apeló al sentimiento de impunidad de las familias de las víctimas frente a homicidios cometidos por jóvenes de 16 o 17 años.
El diputado Mendonça Filho planteó someter el asunto a referéndum popular, señalando que Brasil registra 44.000 homicidios anuales y atribuyendo la inseguridad a la impunidad y leyes laxas que facilitan el accionar de milicias y organizaciones criminales, las cuales influyen de forma directa en el 25 % de la población y reclutan a menores.
El diputado Rodrigo de Castro catalogó la aprobación como una señal contra la impunidad, aunque lamentó la politización ideológica del debate sobre seguridad pública.
Parlamentarios de fuerzas progresistas y de oposición rechazaron la iniciativa calificándola de populista, demagógica y electoral. El diputado Tadeu Veneri argumentó que los derechos de la infancia y juventud constituyen cláusulas constitucionales inmodificables que solo pueden alterarse mediante una nueva asamblea constituyente, por lo que anticipó que el Supremo Tribunal Federal detendrá la medida si es aprobada en el Congreso. La diputada Talíria Petrone coincidió en que la reducción de la edad penal no resolverá los problemas de fondo.
La diputada Sâmia Bonfim expuso que el sistema penitenciario tiene una tasa de reinserción del 42 %, frente al 23 % del sistema socioeducativo, e informó que, según datos oficiales, solo el 0.5 % de las infracciones cometidas por adolescentes corresponden a delitos muy graves.
El diputado Otoni de Paula cuestionó que la base aliada de Bolsonaro no aprobara esta reforma durante sus cuatro años de gobierno y advirtió que la reducción de la edad penal generará un problema estructural, provocando que las facciones de narcotráfico recluten a niños menores de 16 años.
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Desde el ámbito judicial, la fiscal del estado de Paraná, Danielle Tuoto, advirtió durante las audiencias públicas sobre el colapso del sistema penitenciario brasileño, el cual carece de plazas para adultos sentenciados por delitos graves y no posee infraestructura para albergar a jóvenes. Tuoto indicó que, ante la falta de espacios en cárceles comunes, los jueces podrían optar por dejar en libertad a los menores de 16 a 18 años que actualmente cumplen medidas socioeducativas.
Para su aprobación definitiva, el proyecto de enmienda constitucional requiere ser evaluado por la comisión especial y posteriormente alcanzar el respaldo de dos tercios de los parlamentarios en las votaciones de los plenos de la Cámara de los Diputados y del Senado.
Autor: teleSUR: wh - JB
Fuente: Agencias - Brasil de Fato
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