«La insistencia de la administración Trump en las deportaciones aceleradas someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores», declararon abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (UCLA).
El gobierno de Donald Trump implementa deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos. Foto: EFE
23 de junio de 2026 Hora: 20:50
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El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia autorizó este martes a la Administración republicana a reanudar las deportaciones rápidas de extranjeros sin audiencia ante un juez de inmigración en todo el territorio de Estados Unidos.
Un panel de tres jueces del tribunal anuló la decisión de una corte inferior, que bloqueaba la expansión del procedimiento de expulsión acelerada impulsado por el presidente Donald Trump.
Esta medida representa una victoria para el Gobierno, que considera el mecanismo una herramienta clave para ejecutar su política de expulsiones masivas. Anteriormente, la deportación rápida se aplicaba solo a quienes eran capturados cerca de la frontera.
En enero, la Administración extendió su uso a todo el territorio nacional, los agentes migratorios comenzaron a detener a las personas en los juzgados durante sus trámites y las expulsaron del país en pocos días.
El magistrado Justin R. Walker redactó el voto de la mayoría, respaldado por la jueza Neomi Rao. Ambos funcionarios, nominados por el gobernante republicano, determinaron que la directriz gubernamental es legal. Walker desestimó las denuncias de fallas procedimentales presentadas por los demandantes, «La cuestión no es si algunos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia ‘directriz de política escrita’ es ilegal…».
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El juez Walker determinó que no es obligación del Estado informar a los ciudadanos extranjeros que pueden evitar la expulsión si demuestran una residencia mayor a dos años. Al respecto, Walker argumentó que «el requisito constitucional es la notificación de la medida que está tomando el gobierno y los motivos de la misma, además de la oportunidad de responder».
El magistrado concluyó en su argumentación escrita que exigir una explicación detallada de los recursos legales «obligaría a los funcionarios de inmigración a proporcionar lo que equivale a asesoramiento legal».
Por el contrario, la jueza federal de distrito Jia Cobb, nominada por el expresidente demócrata Joe Biden, había suspendido la medida en agosto. Cobb dictaminó que la Casa Blanca carecía de protocolos para evitar expulsiones indebidas.
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Los defensores del Departamento de Justicia calificaron la suspensión previa dictada por Cobb como un error garrafal. Los abogados argumentaron en octubre que la medida constituye una herramienta esencial para combatir la migración indocumentada.
En un voto disidente, el juez Robert L. Wilkins, nombrado por el expresidente Barack Obama, criticó duramente la resolución de la mayoría del tribunal. Wilkins escribió en su voto que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no refutaron que, al aplicar la política, expulsaron a personas que residían desde hacía más de dos años en la nación.
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Los representantes de la coalición Make the Road New York, organización que lideró la demanda judicial contra el decreto de la Casa Blanca, denunciaron que el programa de deportaciones es inconstitucional.
El abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Anand Balakrishnan, condenó el fallo judicial: «la insistencia de la Administración Trump en las deportaciones aceleradas someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores», declaró el jurista.
Balakrishnan, quien representó a los demandantes ante el tribunal, concluyó que la medida judicial «socava el principio fundamental de que las personas reciban el debido proceso cuando el gobierno intenta deportarlas», vulnerando los derechos humanos de las comunidades vulnerables.
Autor: teleSUR - mb - JB
Fuente: Agencias
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