La amenaza de Andrés Felipe Rodríguez promueve discursos de odio y el exterminio de comunidades históricamente vulneradas.
La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía procesar penalmente a Andrés «El Guri» Rodríguez por promover el exterminio de las zonas rurales que respaldaron a Iván Cepeda. Foto: EFE
27 de junio de 2026 Hora: 16:01
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Los movimientos sociales, campesinos e indígenas de Colombia se declararon en máxima alerta tras las peligrosas declaraciones del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, conocido como «El Guri», quien sugirió de forma abierta bombardear los territorios rurales y periféricos del país donde el candidato progresista Iván Cepeda obtuvo las votaciones más altas durante la segunda vuelta presidencial.
Ante la gravedad de esta amenaza, que promueve el exterminio de comunidades históricamente vulneradas, la Defensoría del Pueblo intervino formalmente solicitando a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación penal inmediata contra el concejal derechista por los delitos en los que pudo incurrir como funcionario público.
Asimismo, el órgano defensor le exigió a Rodríguez retractarse públicamente y le advirtió que su discurso promueve el odio, estigmatiza la participación democrática y pone en riesgo real la vida en el campo colombiano.
Jimmy Gutiérrez, vocero del Congreso de los Pueblos, rechazó de manera categórica la propuesta del cabildante y denunció el resurgimiento de discursos violentos en el marco del triunfo electoral de la derecha encabezada por Abelardo de la Espriella.
“Esta doctrina que habla del ‘enemigo interno’ evidencia pensamientos paramilitares. Es una situación muy preocupante porque sabemos cómo la derecha ha usado históricamente la guerra y el conflicto armado para criminalizar y perseguir al movimiento social popular”, alertó el dirigente.
El violento ataque retórico del concejal de Medellín se inscribe dentro de una campaña de estigmatización que sectores de la extrema derecha han denominado «voto fusil».
Mediante esta narrativa, se pretende posicionar la matriz de opinión de que los casi 12.706.000 ciudadanos que respaldaron el proyecto progresista de Iván Cepeda en las zonas de conflicto no lo hicieron de forma orgánica, sino bajo la supuesta coacción de grupos armados irregulares.
Sin embargo, estudios de organizaciones independientes y centros de pensamiento estratégico presentaron datos contundentes que desmantelan por completo la veracidad de esa acusación, calificándola como una manipulación para restarle legitimidad al voto popular de la periferia colombiana.
Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desestimó la tesis de la derecha calificándola como «completamente absurda e insostenible» a la luz de la realidad territorial.
El experto demostró que en numerosas regiones con un dominio histórico de estructuras al margen de la ley, la población respaldó de manera masiva al mandatario electo de la derecha.
“En Arauca, donde domina el ELN en muchos municipios, la mayoría fue para Abelardo. En Norte de Santander y el Catatumbo, una zona de altísima presencia del ELN y de las disidencias del Frente 33, el promedio para Abelardo fue del 75%. Lo mismo puede decirse en otras regiones”, puntualizó González Posso.
Un exhaustivo informe estadístico presentado por el Instituto de Pensamiento Progresista (IPP) cruzó las variables electorales en 1.102 municipios del país. El estudio demostró de manera científica que la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) no predice en absoluto el comportamiento de los votantes en las urnas.
De acuerdo con el IPP, el mapa electoral donde se consolidó la alta votación de Iván Cepeda coincide directamente con las zonas que arrastran décadas de olvido estatal, altos índices de pobreza estructural y exclusión socioeconómica, tales como las regiones del Pacífico y el Caribe.
Los habitantes de estas zonas rurales votaron guiados por una necesidad histórica de cambio social y por afinidad política hacia las propuestas populares, no bajo presión militar.
Para blindar la transparencia del comportamiento en las urnas, el IPP expuso un escenario de virtual equilibrio electoral en los municipios golpeados por la violencia, demostrando que ninguna estructura armada controló la intención del voto de forma unánime.
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Los datos duros revelaron que, de las poblaciones con presencia real de actores armados, 308 municipios con dinámicas de conflicto votaron mayoritariamente por Iván Cepeda.
En contraste, y de forma casi simétrica, otros 299 municipios expuestos a esas mismas dinámicas de violencia inclinaron su balance electoral a favor de Abelardo de la Espriella.
Esta ajustada diferencia de apenas nueve municipios entre ambas candidaturas confirma científicamente que las comunidades ejercieron su soberanía política con base en su propia realidad social y de manera libre.
»No es un hallazgo empírico. Es una narrativa fabricada para deslegitimar el voto de millones de colombianos que viven en territorios históricamente excluidos«, concluyó el centro de pensamiento, dejando al descubierto que la estrategia de la derecha busca criminalizar el descontento de las bases sociales de la periferia.
Autor: teleSUR: ac - JDO
Fuente: teleSUR - Agencias - IPP
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