Más de 41 millones de electores colombianos deciden este 31 de mayo el rumbo de su país en unas elecciones que desbordan la política interna. Lo que está en juego es si Colombia continúa el camino de la soberanía o regresa a ser plataforma de proyección militar de Washington sobre América Latina.
Fotografía archivo de elecciones en Colombia. Foto: EFE
26 de mayo de 2026 Hora: 17:00
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La campaña presidencial de Colombia llegó a su recta final envuelta en violencia política. Asesinatos de candidatos, atentados y amenazas contra dirigentes sociales y de izquierda se acumulan en el registro de un proceso convulsionado.
Más de 1.100 observadores internacionales controlarán la jornada, mientras el presidente Gustavo Petro denuncia una maniobra de desinformación diseñada para dañar la candidatura del senador Iván Cepeda, con señalamientos hacia el Hondurasgate, trama de la derecha internacional orientada a desestabilizar gobiernos progresistas en la región. La violencia en las calles y la guerra de narrativas en las redes forman parte de un mismo operativo.
— teleSUR TV (@teleSURtv) May 15, 2026???? Candidato Iván Cepeda denuncia presiones de grupos armados en Colombia
???? El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda ha denunciado públicamente presiones de grupos armados, distanciándose de cualquier acción ilegal y exigiendo una investigación rigurosa para los… pic.twitter.com/EmXm1qKOjZ
A esa presión externa se suma una fractura interna en la arquitectura electoral. El Pacto Histórico alerta sobre las garantías del software de escrutinio, cuyo control recae en cuatro empresas privadas: Thomas Greg, ASD, Indra y JAHV McGregor. El cuestionamiento tiene historia. En procesos anteriores estas herramientas fueron señaladas por fallas en la trazabilidad de los votos y errores que modificaron resultados en partidos como MIRA, Colombia Justa Libres y el propio Pacto Histórico. El Estado colombiano aún no ha desarrollado la capacidad de garantizar por sí mismo la integridad del sistema, y esa debilidad pesa sobre cada papeleta.
Entender por qué estas elecciones importan más allá de sus fronteras exige mirar el mapa con distancia. La tercera población más grande de América Latina, con más de 50 millones de personas, y la cuarta economía de la región no son datos menores para Washington. Colombia ha sido históricamente un enclave prioritario en la estrategia geopolítica de Estados Unidos en el continente, y los Acuerdos de Paz desmantelaron una pieza clave de esa arquitectura. El Plan Colombia había posicionado a Washington al frente de siete bases militares en suelo colombiano, convirtiéndolas en plataforma de movilización hacia el resto del hemisferio. Con los acuerdos, ese dispositivo quedó suspendido.
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No es accidental, entonces, que los candidatos de derecha —Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia del Centro Democrático y Miguel Uribe Londoño— coincidan en su rechazo a los acuerdos de paz y promuevan la integración de Colombia al Escudo de las Américas impulsado por Donald Trump. La Colombia de Petro, junto a Brasil y México, representa hoy un obstáculo concreto en la renovada Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuyo eje de presión se desplazó sobre Venezuela y apunta ahora a Cuba. Recuperar Colombia sería, para Washington, recuperar el eslabón que cierra la cadena.
El Hondurasgate expuso la envergadura de esa apuesta. La participación directa de Trump, Benjamín Netanyahu y administraciones de ultraderecha como la de Javier Milei en Argentina quedó documentada en el financiamiento de una «unidad digital» orientada a erosionar las gestiones de Petro y de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Lo que ocurra el 31 de mayo también será, en parte, el resultado de esa guerra silenciosa.
Cuatro años de gobierno progresista dejan un registro que la campaña de Iván Cepeda defiende como punto de partida, no como punto de llegada. La Reforma Agraria entregó más de dos millones de hectáreas a comunidades rurales, reconociendo al campesinado como sujeto de derechos. La tasa de desempleo cayó al 9,2% en febrero de 2026, la más baja del siglo. Cerca de 1,6 millones de personas salieron de la pobreza monetaria y 2,5 millones del hambre. La reforma laboral redujo la jornada de trabajo y elevó los recargos por horas extra. El salario mínimo acumuló un aumento del 23,4% en cuatro años, con impacto directo sobre 2,4 millones de personas.
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A esas cifras se suma el récord mundial de incautación de cocaína con 3.417 toneladas, una reducción del 39% en la deforestación nacional y el pago total de la deuda con el FMI heredada de la administración anterior. Son los hechos que Cepeda deberá defender en segunda vuelta si los sondeos no se equivocan.
Iván Cepeda llega como candidato de la continuidad, aunque con programa propio. El poder de la verdad articula tres ejes transformadores, la Revolución Ética, la Revolución Económica y Social, y la Revolución Política y Democrática, que buscan profundizar lo iniciado sin repetirlo. La continuidad, en su lectura, no es conservación sino aceleración.
Las encuestas ubican a Cepeda entre el 37 y el 44% de las intenciones de voto, una ventaja que la derecha intenta revertir con fragmentación estratégica y guerra de desgaste. En este primer turno compiten por separado la candidatura uribista de Paloma Valencia, la extrema derecha de De la Espriella —con su deliberado estilo Milei— y la de Miguel Uribe Londoño. Tres candidaturas, un solo propósito.
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Detrás de todas ellas opera el Proyecto Júpiter, plan articulado por empresas y think tanks de la derecha colombiana que despliega estrategias digitales para incidir en el proceso mediante producción masiva de contenido en redes sociales. La conspiración no improvisa.
El domingo 31 de mayo, Colombia da el primer paso decisivo. El resultado no solo trazará el curso del próximo gobierno, pondrá en evidencia hasta dónde llegan los intereses de Washington en un país que hace tiempo dejó de ser un asunto exclusivamente colombiano. América Latina mirará esas urnas como espejo de lo que viene.
Autor: teleSUR: Ricardo Pose
Fuente: Agencias
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