Cancillería de la administración oriental libia tramita la expulsión de diez activistas de la caravana solidaria rumbo a Gaza. Los mantiene secuestrados desde el 24 de mayo pasado
Los integrantes del Convoy Summud Maghreb transportaban alimentos y asistencia médica para el pueblo palestino antes de ser retenidos en territorio libio. Foto: EFE
23 de junio de 2026 Hora: 20:08
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El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del Gobierno de Libia, a través de la Fiscalía de Bengasi vinculada a la administración oriental del mariscal Jalifa Haftar, ordenó este martes 23 de junio el inicio de los procedimientos legales y administrativos para deportar a los diez integrantes detenidos del Convoy Terrestre Summud Maghreb.
Las autoridades arrestaron a los diez activistas el pasado 24 de mayo por ingresar al territorio sin completar los procedimientos legales vigentes. Se dirigían por tierra a la Franja de Gaza para crear un puente solidario de los pueblos, romper el bloqueo israelí y llevar medios vitales a la población palestina, en travesía que complementaba la iniciada por vía marítima por la Flotilla Global Sumud.
Los detenidos forman parte de un grupo humanitario que viajaba rumbo a la Franja de Gaza para entregar asistencia frente al genocidio y defender el derecho del pueblo palestino a vivir en paz, libertad y dignidad. Entre las personas arrestadas se encuentran la española Alicia Armesto y los argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera.
La cartera de Exteriores de Bengasi detalló que las medidas se ejecutan de conformidad con las leyes vigentes, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para garantizar la preservación del orden público, la seguridad nacional y las normas de residencia de extranjeros. La institución no precisó la fecha exacta de ejecución de la orden e instó a todas las partes a acatar las leyes y cooperar con las entidades pertinentes.
Organizaciones civiles señalaron que este anuncio es un avance, pero no reemplaza las garantías urgentes exigidas de manera inmediata. Los colectivos demandan la plena protección de las personas detenidas arbitrariamente en Libia oriental y exigen que el procedimiento se realice de forma transparente con acceso consular, asistencia médica, comunicación directa con las familias y condiciones de salida segura para resguardar su integridad física y psicológica.
Exigen al Estado argentino garantizar la asistencia sanitaria, psicológica y logística necesaria para el retorno seguro de Giménez y Aguilera, bajo la premisa de que la ayuda humanitaria no es un delito.
El convoy humanitario estaba compuesto inicialmente por 20 autobuses, 10 ambulancias y 50 camiones cargados con medicinas, alimentos y tiendas de campaña.
La iniciativa partió el 8 de mayo desde Argelia, atravesó Túnez y transportaba a 200 personas de España, Italia, Argentina, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez. Las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar advirtieron el 14 de mayo que impedirían el paso tras la decisión de Egipto de prohibir la entrada terrestre de extranjeros no libios.
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Las autoridades libias confirmaron las detenciones el 26 de mayo, dos días después de perderse el contacto con el grupo. Ante el bloqueo y los arrestos, los 190 integrantes restantes de la caravana decidieron regresar a sus países de origen el 28 de mayo.
Este hecho repite el escenario de junio de 2025, cuando la iniciativa ‘La Caravana de la Firmeza’ partió de Argelia con más de mil voluntarios magrebíes y fue interrumpida al sufrir un bloqueo de acceso por parte de las autoridades del este de Libia.
Autor: teleSUR-wh - JDO
Fuente: Nodal - Agencias
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