La audiencia nacional falló a favor de Shakira en su conflicto legal más reciente en España. En este sentido, el tribunal anuló la penalización económica sobre el ejercicio fiscal de 2011 y ordenó al fisco la devolución de una suma cercana a los 60 millones de euros, según reseñó EFE.

Del mismo modo, la sala admitió el recurso de la artista colombiana contra la resolución previa de la Agencia Tributaria y del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) sobre el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio de aquel año.

Por su parte, los magistrados revocaron las liquidaciones y multas porque la administración civil no demostró el requisito legal clave: que Shakira permaneciera en suelo español más de 183 días durante 2011 para considerarla residente fiscal. Aunque el Estado aún puede apelar la sentencia, el equipo legal de la cantante ya celebra el dictamen.

"Jamás existió fraude, y la propia Administración nunca pudo probar una tesis contraria por la sencilla razón de que no era verdad", afirmó la artista a través de un comunicado que difundió su buffet de abogados, Prada Tax Advisor.

La cifra a devolver

Es importante destacar que el litigio administrativo original rondaba los 55 millones de euros. Sin embargo, la agencia de comunicación de la cantante, Llorente y Cuenca, elevó la cifra final por encima de los 60 millones de euros tras sumar los costos del proceso y los intereses acumulados. Según sus representantes, este fallo cierra la última cuenta pendiente de Shakira en el país luego de ocho años de disputas, según detalló EFE.

Pese a la victoria de la cantante, la batalla legal podría continuar en el Tribunal Supremo. Fuentes de la Agencia Tributaria confirmaron a la agencia EFE que presentarán un recurso de casación, y recordaron que la barranquillera ya admitió en el pasado delitos fiscales correspondientes al periodo entre 2012 y 2014.

Este triunfo llega pocos días después de que un juzgado de Barcelona archivara de forma definitiva otra causa penal contra ella por un presunto fraude de 6,6 millones de euros en 2018. En esa ocasión, la fiscalía retiró los cargos penales y remitió el asunto exclusivamente a la vía administrativa. Previamente, en 2024, Shakira selló un acuerdo con las acusaciones donde aceptó una multa de 7,8 millones de euros y reconoció un fraude de 14,5 millones para evitar la prisión.

La clave del caso: los días de residencia

El núcleo del debate se centró en determinar dónde vivió Shakira en 2011. Mientras la Agencia Tributaria sostenía que la cantante debía tributar en España como residente, la audiencia nacional determinó que la inspección falló a la hora de probar el domicilio fiscal de la estrella en territorio español.

Por este motivo, el tribunal calificó las sanciones de contrarias a derecho. A su vez, el conteo de los jueces fijó la estancia real de Shakira en España en solo 163 días, una cifra inferior al mínimo de 183 días que exige la ley. Asimismo, el fallo aclara que la Hacienda no comprobó que la artista tuviera en el país su núcleo de intereses económicos o relaciones familiares determinantes.

En el mismo orden de ideas, el tribunal también desestimó el argumento de la inspección sobre el noviazgo de Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué. Dentro de este contexto, los magistrados explicaron que en 2011 la pareja no tenía un vínculo matrimonial ni hijos en común, de modo que no existía un núcleo familiar legal. De igual forma, la sentencia consideró irrelevante la discusión sobre si Bahamas era o no un paraíso fiscal en esa época, puesto que Shakira demostró con éxito que pasó más de la mitad del año fuera de España.

Un mensaje para el futuro

Tras recibir la notificación judicial, Shakira expresó su deseo de que este dictamen siente un precedente para el futuro comportamiento de Hacienda. Además, la artista también lamentó el severo señalamiento público que padeció durante el proceso.
Por su parte, su abogado, José Luis Prada, criticó con dureza los métodos de la Agencia Tributaria.

Finalmente, el letrado denunció que el sistema actual ahoga a los contribuyentes que carecen de recursos para defenderse, y celebró que los tribunales actúen como un freno frente a las posturas administrativas desproporcionadas.

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