El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció una medida que impactará el bolsillo y la estabilidad legal de miles de migrantes en territorio norteamericano.

A partir del próximo 29 de mayo de 2026, entrará en vigor el pago obligatorio de la Tarifa Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés), un arancel de 100 dólares que los solicitantes deberán cancelar cada año mientras su expediente permanezca sin resolución.

Esta exigencia económica nace de la ley "One Big Beautiful Bill Act", promulgada el 4 de julio de 2025, y no contempla ningún tipo de exención ni reducción de costos por motivos de vulnerabilidad económica.

El plazo fatal: 30 días para pagar

Una vez que el solicitante reciba la notificación oficial de cobro, contará con un lapso estricto de 30 días continuos para realizar el pago a través de las plataformas en línea del USCIS.

El incumplimiento de este arancel tendrá consecuencias automáticas: la agencia cerrará el expediente de asilo y el solicitante deberá reiniciar todo el proceso desde cero, incluyendo la presentación de un nuevo Formulario I-589 y el pago de las tarifas de inicio correspondientes.

Uno de los castigos más severos afecta directamente la capacidad de sustento de los migrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que cualquier persona cuya solicitud de asilo sea rechazada por falta de pago perderá automáticamente su derecho a trabajar en los Estados Unidos (EEUU).

Además, las solicitudes de renovación de permisos de trabajo (EAD) vinculadas al caso de asilo serán denegadas de inmediato.

La normativa establece que, si el migrante no posee otro estatus legal válido (como el TPS o una visa vigente) y no cumple con el pago anual de los 100 dólares, las autoridades migratorias podrán iniciar procedimientos de expulsión o deportación acelerada.

En algunos casos, el gobierno emitirá una citación formal para que el solicitante comparezca ante un tribunal migratorio.

El gobierno federal argumenta que este cobro es necesario para evitar que los casos permanezcan indefinidamente en el sistema sin una resolución final y para financiar la carga administrativa que genera el alto volumen de expedientes en curso. 

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