El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California tiene planes de conectar la información de más de un millón de conductores a una red nacional, lo que ha desatado una fuerte reacción de los defensores de los derechos civiles.

California, que históricamente ha sido un "santuario" para la comunidad inmigrante, se encuentra en el centro de una tormenta de críticas después de que se revelara que el DMV está buscando compartir los datos de los titulares de licencias de conducir con una organización nacional. 

Esta decisión impacta directamente a aquellos que tienen licencias bajo la ley AB 60, que se otorgan a personas que no pueden demostrar su presencia legal en el país.

El DMV está pidiendo fondos para integrar datos

Según informes de CalMatters y otras fuentes estatales, el Departamento de Vehículos Motorizados de California ha solicitado un presupuesto de 55 millones de dólares para modernizar su sistema y conectarse con la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA). 

Esta integración permitirá que los registros de conducción de California sean accesibles a través de una red nacional, lo que facilitará la verificación de datos entre diferentes estados.

El objetivo oficial de esta iniciativa es cumplir con los estándares de seguridad y mejorar la eficiencia administrativa. 

Sin embargo, el uso de estos fondos para facilitar el intercambio de información ha generado preocupaciones sobre la privacidad de los datos personales de alrededor de un millón de inmigrantes indocumentados que actualmente conducen legalmente en el estado.

"Una traición" a la confianza de la comunidad inmigrante de California

Los defensores de los derechos de los inmigrantes han calificado esta acción como una "traición". 

Cuando se aprobó la ley AB 60 en 2013, el estado se comprometió a proteger la información de los solicitantes para asegurarse de que no fuera utilizada por agencias federales de inmigración, como ICE.

Ian Grossman, director ejecutivo de la AAMVA, comentó a CalMatters que la participación en estos sistemas de verificación es voluntaria y que solo el personal autorizado tiene acceso. 

Sin embargo, las organizaciones civiles argumentan que, al estar en una base de datos privada o nacional, la información queda fuera del control directo de las leyes de transparencia de California, lo que complica la supervisión sobre quién realmente accede a los nombres, direcciones y estatus de los conductores.

Consecuencias para inmigrantes sin estatus legal

La principal preocupación radica en que el acceso nacional a estos datos podría permitir a las autoridades federales identificar y rastrear a personas con estatus migratorio vulnerable. 

Aunque California tiene leyes que prohíben el uso de recursos estatales para la aplicación de leyes migratorias federales, la interconexión de bases de datos crea "puntos ciegos" legales.

Expertos consultados en el informe de CalMatters sugieren que esta medida responde a una presión técnica para alinearse con la normativa federal REAL ID, aunque las licencias AB 60 están técnicamente excluidas de ser usadas como identificación federal para abordar vuelos comerciales.

¿Qué sigue para los conductores en California?

Por ahora, el DMV sostiene que la medida busca mejorar la seguridad vial y la precisión de los expedientes. 

Sin embargo, la presión política aumenta. Legisladores locales y grupos de presión están solicitando mayores garantías de que la información recopilada bajo la AB 60 no se convierta en una herramienta de deportación.

Para los conductores inmigrantes, la recomendación de los expertos sigue siendo mantener sus documentos al día, pero permanecer atentos a las actualizaciones legislativas que podrían limitar o condicionar este intercambio de información a nivel nacional.

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