Un proyecto de ley bipartidista en la Cámara de Representantes de Estados Unidos busca imponer, por primera vez a nivel federal, una tarifa anual obligatoria a los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. 

La iniciativa, denominada "BUILD America 250 Act", contempla un cobro inicial de $130 para autos totalmente eléctricos y de $35 para ciertos modelos híbridos, con incrementos progresivos a partir de 2029 hasta alcanzar un tope de $150. 

Los legisladores Sam Graves y Rick Larsen, líderes del Comité de Transporte e Infraestructura, defienden la medida bajo el argumento de que estos conductores utilizan las carreteras públicas sin aportar al fondo federal de mantenimiento vial, el cual se financia históricamente mediante los impuestos a la gasolina y al diésel.

Debate

El debate cobra fuerza debido a que la recaudación por combustibles fósiles ha disminuido paulatinamente con la electrificación del parque automotor, sumado a que dicho impuesto de 18.4 centavos por galón permanece congelado desde 1993 frente al encarecimiento de las obras públicas. 

Datos de Consumer Reports revelan que el conductor promedio de un auto tradicional aporta entre $70 y $90 anuales en tasas federales de combustible, una cifra notablemente menor al cargo fijo que se pretende exigir a los usuarios de tecnología limpia. 

Esta brecha económica ha encendido las alarmas de diversas organizaciones que defienden la movilidad sostenible, las cuales denuncian un trato desigual que desincentiva la adquisición de alternativas ecológicas. 

Voces en contra

Diversas agrupaciones ambientales, entre ellas el Sierra Club, rechazan abiertamente la propuesta por considerarla un castigo financiero irresponsable que frena la transición energética en un momento crítico. 

Las críticas advierten además que el plan recortaría recursos destinados al desarrollo de la red nacional de estaciones de carga rápida, debilitando los planes federales de expansión logística. 

Pese a la resistencia de los activistas y del sector automotriz, los impulsores de la reforma (que busca autorizar cerca de 580,000 millones de dólares para puentes y carreteras) aceleran las negociaciones.

Esto con el propósito de enviar el documento al despacho presidencial antes del 30 de septiembre, fecha en que expira la legislación de infraestructura vigente según detalló The Wall Street Journal.
 

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