El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pondrá en marcha, el próximo 29 de mayo de 2026, una regulación provisional que sanciona el incumplimiento en el pago de la tasa anual vinculada al proceso de asilo.

Esta disposición, que responde a la Ley de Reconciliación HR 1, exige que los extranjeros con peticiones pendientes cubran los costos de los servicios migratorios para financiar las operaciones de control de la agencia. El abono de este arancel es un requisito indispensable para que el solicitante mantenga la vigencia de su trámite, conserve sus beneficios de empleo y evite procedimientos de expulsión del territorio estadounidense.

Sanciones administrativas y procesos de remoción

Los solicitantes que no cancelen la denominada Tarifa Anual de Asilo en un periodo de 30 días tras ser notificados perderán el derecho a proseguir con su trámite de asilo.

Ante el impago, el USCIS ejecutará el rechazo automático de la petición pendiente y, en caso de que el individuo no posea un estatus legal alternativo, se iniciará un proceso formal para su deportación. Además, si el Formulario I-589 es rechazado por fallos en su presentación, los montos previamente abonados por el usuario no serán reembolsados por la autoridad migratoria.

Impacto en las autorizaciones de empleo

La anulación de una solicitud de asilo por falta de pago conlleva la revocación inmediata de cualquier permiso de trabajo que se haya obtenido a través de dicho proceso. Esta medida no solo afecta a las autorizaciones vigentes, sino que también implica la denegación automática de cualquier solicitud de permiso laboral que se encuentre en fase de procesamiento y esté vinculada al caso rechazado. Asimismo, la normativa introduce cambios para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), limitando la vigencia de sus permisos de trabajo a un año o al tiempo que reste de la designación oficial del estatus.

Estructura de costos y aranceles vigentes

Para asegurar el procesamiento de sus expedientes de asilo, los interesados deben cumplir con un esquema de pagos que incluye una cuota anual de 102 dólares. El trámite inicial mediante el formulario I-589 tiene un costo de 100 dólares, mientras que las autorizaciones de empleo asociadas requieren un pago de 560 dólares por el documento original y 275 dólares para cada renovación. Adicionalmente, se ha fijado un arancel mínimo de 24 dólares para la gestión del formulario I-102, utilizado para el reemplazo de documentos de llegada y salida. Todas estas disposiciones entrarán en vigor de manera definitiva al finalizar mayo de 2026.

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