La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció un conjunto de medidas y transformaciones estructurales orientadas a consolidar un “nuevo modelo de justicia penal” en el país, fundamentado en la Constitución y los derechos humanos, reivindicando la soberanía nacional para definir el rumbo legal de la nación frente a agendas externas.

Como parte de las acciones principales, Rodríguez informó que a partir del próximo 1 de junio se dará inicio a la Gran Consulta Nacional para la reforma de la justicia penal. 

De acuerdo con la mandataria (E), esta iniciativa democrática y participativa tiene como meta alcanzar una justicia equitativa para toda la ciudadanía.

Para robustecer este esquema desde las bases populares, anunció la movilización de más de 38.000 jueces de paz en todo el territorio nacional, quienes se incorporarán formalmente a las tareas de conciliación y convivencia democrática.

Desafíos del nuevo modelo

Durante su intervención, la presidenta encargada identificó los tres grandes frentes de batalla y desafíos que atenderá la reforma judicial:

• Combate a la corrupción judicial: La reforma incluirá mecanismos estrictos de control para afianzar la transparencia del sistema y contrarrestar las narrativas que buscan desacreditar a las instituciones venezolanas.
• Erradicación de la discriminación económica: Rodríguez cuestionó la criminalización de la pobreza, revelando que el 68% de las personas privadas de libertad en el país provienen de estratos económicos menos favorecidos. Ante esto, ratificó el compromiso del Estado por un modelo inclusivo y humanista.
• Protección integral: Propuso la creación de un sistema nacional de protección para defensores y familiares que garantice plenamente los derechos humanos de todos los involucrados, incluyendo a los funcionarios de seguridad.

Cifras de corrección procesal

Finalmente, la mandataria (E) aseveró que el sistema judicial venezolano ha demostrado efectividad en su transformación profunda, detallando que en lo que va de año se han ejecutado más de 3.000 "correcciones" en el proceso penal, una cifra que supera los registros alcanzados durante el pasado año 2025.