Tras la reciente instalación de la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, el representante del sector privado en dicha instancia y expresidente de Conindustria, Luigi Pisella, ofreció detalles sobre la estrategia que ejecutará el Ejecutivo Nacional para dinamizar el patrimonio del Estado.

​Bajo la coordinación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la comisión ha iniciado un proceso de auditoría técnica para determinar el destino de empresas y bienes públicos, buscando atraer capital fresco y tecnología de vanguardia.

​Pisella explicó que la primera tarea fundamental es la categorización de los activos según su relevancia para la soberanía y el desarrollo del país. 

El plan se divide en dos grandes vertientes:

​Activos Estratégicos: Permanecerán bajo la tutela del Estado, pero se evaluará cuáles de ellos requieren capital de trabajo o transferencia tecnológica. 

Para estos casos, se buscarán alianzas estratégicas que permitan optimizar su funcionamiento sin que la Nación pierda su propiedad.

Se diferenciará entre aquellos que están productivos y los que se encuentran paralizados.

En ambos casos, se crearán las condiciones jurídicas y comerciales para ofrecerlos a inversionistas nacionales e internacionales.

​El objetivo: Productividad y bienestar social

​Para el dirigente gremial, el propósito final de este movimiento no es solo una reestructuración administrativa, sino un impulso directo a la economía real. El objetivo es que estos activos pasen a manos que eleven los niveles de producción tanto en el sector industrial como en el de servicios.

​“El objetivo es que pasen a manos que eleven la producción y la productividad (...) Con esto se va a generar mayor empleo y vamos a recuperar el poder adquisitivo de nuestra gente, que al final es nuestro principal objetivo”, subrayó Pisella.

​Recursos para la comunidad

​En cuanto a los activos que actualmente no son productivos, Pisella destacó que se trabajará bajo la premisa de la liquidación y el aprovechamiento. 

La meta es recibir recursos frescos a cambio de estos bienes y reinvertirlos de manera inmediata en programas de bienestar social para las comunidades.

​Con la participación de representantes del sector privado y altas autoridades de economía y finanzas, esta comisión busca generar un entorno de confianza y transparencia para que los inversionistas apalanquen la recuperación de la infraestructura productiva venezolana, garantizando que los sectores clave permanezcan en manos del Estado en beneficio de la población.

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