El Ministerio Público de la República publicó un comunicado oficial sobre el inicio de una investigación penal, relacionada con un presunto allanamiento ilegal y la ejecución de actos contrarios a la ética pública, en el cual estarían vinculados funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Los hechos se registraron este sábado, 30 de mayo, un establecimiento privado tipo sauna, dispuesto para el entretenimiento, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

El Ministerio Público designó formalmente a la Fiscalía 21° del estado Lara y la Fiscalía 98° Nacional, con competencia en materia de protección de derechos humanos y diversidad de género, para las investigaciones correspondientes.

Cinco funcionarios de la PNB detenidos

De igual manera, la PNB activó de forma oportuna sus mecanismos de control interno, para dejar a los cinco funcionarios del organismo de seguridad, quienes estarían implicados en los hechos, a la disposición del Ministerio Público.

Los oficiales investigados serán presentados ante un tribunal de control competente, por la presunta comisión de delitos consagrados de forma expresa tanto en el Código Penal venezolano como en la Ley contra la Corrupción.

El comunicado oficial emitido indicó que el Ministerio Público ratificó que, en el estricto marco de sus atribuciones constitucionales y legales, continuará velando firmemente por el respeto absoluto de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción ni discriminación alguna en el territorio nacional.

Denuncian abusos contra la comunidad LGBT

La investigación se inició luego de que ciudadanos denunciaran supuestas irregularidades en la detención de visitantes del establecimiento, en la calle 14 entre 18 y 19 de Barquisimeto.

Los afectados denunciaron haber sido víctimas de extorsión y discriminación tras un operativo en una sauna.

De acuerdo con las denuncias, el allanamiento fue realizado por funcionarios de la PNB, quienes estaban vestidos como civiles.

Asimismo, los agraviados afirmaron que fueron víctimas de extorsión y tratos discriminatorios, luego de que los funcionarios utilizaran “su orientación sexual para humillarlos públicamente y exponerlos ante terceros”, reportaron organizaciones relacionadas con la comunidad LGBT.

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