La gobernadora de Virginia, la demócrata Abigail Spanberger, ejerció su poder de veto contra el proyecto de ley que pretendía establecer un mercado minorista y regulado de marihuana recreativa.

La decisión congela una vez más una reforma que el ala progresista de la Asamblea General lleva años impulsando, prolongando la existencia de un mercado ilegal que ya opera a plena vista en todo el territorio estatal.

La resolución ha generado una notable fricción política, ya que el bloqueo no provino esta vez de la oposición republicana, sino de la propia líder del partido en el poder, evidenciando una fractura ideológica sobre cómo abordar la regularización del cannabis.

¿Qué estipulaba el proyecto de ley vetado?

La legislación, que había sido aprobada en marzo por la Asamblea General gracias al voto casi unánime de la bancada demócrata, trazaba una hoja de ruta clara para la comercialización de la planta:

• Fecha de inicio: contemplaba el arranque oficial de las ventas al público para el 1 de enero de 2027.

• Límites de compra: cualquier residente mayor de 21 años quedaba autorizado para adquirir hasta 2.5 onzas de cannabis para uso personal.

• Infraestructura minorista: se proyectaba la apertura de hasta 350 tiendas con licencia estatal, bajo la estricta tutela de la Virginia Cannabis Control Authority. El marco legal prohibía la instalación de estos comercios a una distancia menor de 1,000 pies de escuelas, guarderías y hospitales.

• Esquema impositivo: fijaba una tasa fiscal estatal del 6%, permitiendo a los municipios añadir un gravamen local de entre el 1% y el 3.5%. Al sumarse el impuesto general a las ventas de Virginia, el consumidor final habría enfrentado una carga impositiva total de entre el 12.3% y el 16.5% dependiendo de la localidad.

Las razones de la gobernadora Spanberger

La gobernadora aclaró que su negativa no responde a una oposición moral al comercio de la marihuana, sino a deficiencias estructurales en la redacción de la propuesta.

En su comunicado oficial, Spanberger argumentó que el texto carecía del plazo, la estructura y los recursos necesarios para implementarse con éxito.

"Es fundamental que incorporemos las lecciones aprendidas por otros estados y nos aseguremos de que nuestro marco regulador esté completamente preparado para ejercer una supervisión sólida desde el primer día."

— Abigail Spanberger, gobernadora de Virginia

Previamente, en abril, la mandataria estatal intentó modificar el proyecto mediante una serie de enmiendas drásticas: retrasar la apertura de las tiendas a julio de 2027, recortar el límite de licencias de 350 a 200, endurecer las multas por consumir en espacios públicos y tipificar como delito grave el contrabando de más de 50 libras de cannabis hacia el estado.

Sin embargo, la Asamblea General rechazó en bloque estos cambios y le devolvió el documento original, provocando el veto definitivo.

Reacción legislativa y un historial de bloqueos

La respuesta de los promotores de la ley fue inmediata y severa. La senadora Lashrecse Aird (demócrata de Henrico) y el delegado Paul Krizek (demócrata de Fairfax) emitieron un fuerte pronunciamiento conjunto.

"El veto de la gobernadora ignora la realidad de que el cannabis ya se vende todos los días en todo Virginia. La única pregunta es si finalmente garantizaremos que esas ventas ocurran dentro de un mercado legal y regulado."

— Lashrecse Aird (Senadora) y Paul Krizek (Delegado)

La senadora Aird añadió que la decisión resulta "profundamente decepcionante" para las comunidades y los pequeños empresarios que confiaban en que, bajo un gobierno demócrata unificado, la legalización comercial sería un hecho inminente.

Este escenario revive dinámicas del pasado. Aunque Virginia hizo historia en 2021 al convertirse en el primer estado del sur de EE. UU. en legalizar la posesión de marihuana, el desarrollo del mercado comercial quedó congelado.

Posteriormente, el exgobernador republicano Glenn Youngkin vetó iniciativas similares. Ahora, con el control total del aparato legislativo, los demócratas ven cómo el freno llega desde su propio Ejecutivo.

Este veto se suma a otra reciente decisión de Spanberger que irritó a las bases de su partido a inicios de mayo, cuando bloqueó la ley que otorgaba derecho de negociación colectiva a los empleados públicos.

¿Qué sucederá ahora en Virginia?

El escenario legal para los ciudadanos y empresarios del sector se mantendrá sin variaciones comerciales en el corto plazo:

La Asamblea General tiene la facultad de reintroducir el debate durante la sesión legislativa de 2027, pero debido a los tiempos de implementación, cualquier regulación comercial difícilmente vería la luz antes de finales de ese año o principios de 2028.

Mientras tanto, la gobernadora Spanberger ha manifestado mantener su compromiso de trabajar junto a los legisladores y las fuerzas del orden para diseñar un modelo que considere óptimo y seguro.

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