El marco normativo que rige el tránsito de embarcaciones se encuentra bajo revisión por parte de diversos sectores sociales debido al repunte de incidentes en entornos acuáticos. Una coalición conformada por peritos navales, dependencias de resguardo y plataformas ciudadanas formalizó una petición para endurecer los controles de seguridad marítima, argumentando que las directrices actuales resultan insuficientes para contener los riesgos derivados de la navegación imprudente y la falta de pericia en el mar.

Origen de la iniciativa civil

La movilización de estos grupos cobró impulso a partir de los siniestros registrados en temporadas previas, entre los que destaca el deceso de la ciudadana Lucy Fernández en el año 2022. Ante la persistencia de estos escenarios, los familiares de las víctimas constituyeron una fundación homónima dedicada a recopilar datos estadísticos sobre los decesos en el agua, utilizando estos registros como base técnica para fundamentar la necesidad de una intervención legal inmediata por parte de los legisladores.

Propuestas de control y fiscalización

Los especialistas vinculados al proyecto plantean la obligatoriedad de implementar exámenes de aptitud más rigurosos para la obtención de licencias de navegación, así como el establecimiento de límites de velocidad específicos en áreas cercanas a los balnearios. Asimismo, el planteamiento técnico incluye la exigencia de inspecciones mecánicas periódicas a las unidades flotantes y el incremento de las patrullas de vigilancia costera para supervisar el cumplimiento de las normativas de aforo y equipamiento de salvamento a bordo.

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