El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha puesto en marcha una propuesta que busca cambiar drásticamente las consecuencias financieras para ciertos inmigrantes en Estados Unidos (EEUU).
La administración del presidente Donald Trump planea elevar a $18.000 dólares la multa civil impuesta a las personas que, tras recibir una orden final de deportación por no presentarse a sus audiencias de corte (conocida como orden "en ausencia"), permanezcan en el país y sean posteriormente arrestadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Esta nueva regla, publicada oficialmente en el Registro Federal el pasado 20 de mayo de 2026, pretende sustituir la tarifa actual de $5.130 dólares (fijada por inflación en noviembre pasado).
De ser aprobada, representaría un incremento de más del 250%.
¿Por qué el gobierno busca este aumento?
Según los documentos oficiales presentados por el DHS, la actual sanción de $5.130 dólares es "demasiado baja" para compensar los gastos operativos reales del gobierno.
ICE argumenta que la nueva cifra de $18.000 busca recuperar de forma parcial los costos logísticos que representan:
- Investigaciones y operaciones de localización.
- Arresto, transporte y detención de los extranjeros.
- Capacitación de personal, recursos generales y vehículos de apoyo.
Aunque funcionarios de la Casa Blanca han reconocido que es poco probable recaudar la totalidad de estos fondos debido a la vulnerabilidad económica de muchas familias, sostienen que la medida funciona como un mecanismo de presión y disuasión para fomentar lo que denominan "autodeportación".
¿Quiénes son los principales afectados?
La medida no se aplica a todos los inmigrantes de forma generalizada.
Está dirigida específicamente a:
- Personas que tenían una cita en una corte de inmigración, no se presentaron a la audiencia y un juez emitió una orden de deportación en ausencia.
- Personas que, tras recibir dicha orden, se quedaron en territorio estadounidense y posteriormente son detenidas por las autoridades migratorias.
El alcance de este fallo es masivo: datos de organizaciones civiles apuntan a que el año pasado los jueces de inmigración emitieron más de 300.000 órdenes de deportación en ausencia, y aproximadamente 23.670 personas en estas condiciones terminaron bajo custodia programadas para su expulsión.
La alternativa oficial: el programa "CBP Home"
Este endurecimiento de multas coincide con el despliegue de la plataforma móvil CBP Home (aplicación que sustituyó las funciones de asilo de la anterior CBP One). A través de esta app, el gobierno federal gestiona su programa de "retorno voluntario asistido".
Para incentivar el uso de la aplicación y la salida voluntaria del país, el gobierno ofrece actualmente:
- Un bono o estipendio de salida de $2.600 dólares (entregado una vez que se confirma que la persona completó el regreso a su país de origen).
- Asistencia con documentos y arreglos logísticos de viaje para el núcleo familiar.
- La condonación o cancelación total de las multas pendientes por presencia ilegal o por no haber acatado la orden de deportación previa.
"Políticas basadas en el miedo": la respuesta de los defensores
Organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración han reaccionado con profunda preocupación.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el American Immigration Council señalaron que estas medidas no solucionan los problemas de fondo del sistema migratorio y, por el contrario, criminalizan a comunidades que ya trabajan, pagan impuestos y aportan a la economía.
Especialistas legales advierten que el temor a ser arrestados en los tribunales está causando un efecto adverso: que más personas dejen de asistir a sus citas por miedo a una detención inmediata, perdiendo la oportunidad de defender sus casos de manera legal ante un juez.
¿Qué sigue con esta propuesta?
Es importante recalcar que esta medida aún no entra en vigor.
Al tratarse de una propuesta federal, se encuentra en un periodo de revisión y consulta.
La ciudadanía y las organizaciones tienen hasta el 22 de junio de 2026 para enviar comentarios, sugerencias o quejas formalmente en el Registro Federal antes de que el gobierno emita una regla final.
¿Qué hacer si tienes un caso en la Corte de Inmigración?
- Verifica tus fechas: no dejes de revisar constantemente el estatus de tu caso. Puedes hacerlo llamando a la línea automatizada de la Corte de Inmigración (EOIR) al 1-800-898-7180 o ingresando tu número de extranjero (A-Number) en su plataforma digital.
- Actualiza tu dirección: si te mudas, la ley exige que notifiques tu nueva dirección al DHS y a la Corte mediante el formulario EOIR-33 en un plazo de 5 días. Si las notificaciones llegan a una dirección vieja y no te presentas, el juez puede darte una orden de deportación en ausencia.
- Busca asesoría legal verificada: si tienes temor de asistir a tu audiencia, consulta con abogados de inmigración con licencia o con organizaciones autorizadas por el Departamento de Justicia (DOJ). Evita acudir a "notarios" o tramitadores no autorizados.
- Participa en el debate: cualquier persona (con o sin estatus legal) puede someter comentarios en el Registro Federal de manera anónima o pública antes del 22 de junio para expresar cómo afectaría esta medida a sus familias.
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