La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por autoridades de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presenta deficiencias que impiden su trámite en México.

Tras revisar la documentación, la Fiscalía indicó que pedirá al Departamento de Justicia de EU que envíe a México “las pruebas y documentos necesarios” que respalden los señalamientos en contra de Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, señalados de operar para el Cártel de Sinaloa.

En este sentido, Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, sostuvo que no se concederá ninguna extradición sin pruebas suficientes, a la vez que anunció una investigación independiente sobre el caso.

FGR exige pruebas a EU en caso Rocha Moya

Entre las principales observaciones, la FGR destacó que la solicitud carece de datos de prueba y no acredita la urgencia de la medida, requisito indispensable para ordenar una detención provisional.

También señaló que no se acredita la urgencia de la medida, y precisó que la detención provisional tiene como finalidad evitar que la persona reclamada evada la acción de la justicia. Por ello, indicó, esa urgencia debe demostrarse “más allá de toda duda razonable”.

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, puntualizó que “no hay referencia ni evidencia que justifique la urgencia de la detención”.

La FGR recordó que, conforme a la legislación mexicana y al tratado bilateral con Estados Unidos, la extradición solo puede concederse si las pruebas son suficientes bajo las leyes del país requerido.

Además, precisó que el documento recibido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el pasado 28 de abril no demuestra que el gobernador de Sinaloa haya participado en una conspiración para proteger al Cártel de Sinaloa.

Asimismo, Ulises Lara cuestionó el manejo de la información por parte de las autoridades estadounidenses, ya que parte del contenido del caso se hizo público, pese a que estos procesos deben mantenerse bajo reserva.

Al respecto, subrayó que la propia solicitud establece que la información debe ser confidencial, por lo que su difusión “contraviene las disposiciones aplicables” en materia de cooperación internacional.

“Lo anterior toma en cuenta, de acuerdo con la propia misiva, que dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser en detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan”, sostuvo el vocero.

FGR pide más pruebas y abre investigación propia

Ante estas fallas, la FGR solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses que envíen información complementaria y pruebas que permitan evaluar el caso.

A su vez, informó que iniciará una investigación propia para determinar si existen elementos que respalden los señalamientos contra el gobernador Rocha Moya y otras personas mencionadas, entre ellas el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso y afirmó que su postura es “verdad, justicia y defensa de la soberanía”.

Añadió que, si la Fiscalía recibe pruebas “contundentes e irrefutables” o encuentra elementos constitutivos de delito en su propia investigación, deberá proceder conforme a derecho bajo la jurisdicción mexicana.