Hay decisiones que no pueden discutirse a media voz. La infraestructura pública es una de ellas. Sin embargo, en Veracruz ocurre lo contrario.
El puente Boca del Río-Veracruz Puerto es una de las obras emblemáticas del gobierno estatal. La gobernadora Rocío Nahle la ha colocado en el centro de su agenda de infraestructura, junto a la reestructura financiera con BBVA que liberó 4 mil 500 millones de pesos anuales en participaciones para el estado. La obra forma parte del paquete que el gobierno federal acompaña, dentro del Plan México, como evidencia de que el país puede sostener inversión estratégica con certeza institucional. Hasta ahí, todo claro.
Sin embargo, lo que llama la atención es otra cosa. En un comentario público en Facebook, debajo de un video sobre el proyecto, el asesor del ayuntamiento de Veracruz, Mario Alberto Álvarez López, plantea una serie de objeciones técnicas al trazo del puente. No las eleva por oficio, no las canaliza por la vía institucional que correspondería a un funcionario municipal. Las publica en abierto, ante quien quisiera leerlas. Se le hizo fácil.
El texto es preciso: “Si este es el trazo real, la pregunta es si ya se tienen los derechos de vía liberados y si los colonos de los fraccionamientos por donde pasa (por tierra y por aire) ya manifestaron su conformidad, al margen de la manifestación de impacto ambiental, de la autorización de la ZOFEMAT, de la autorización de la Marina, ya que pasa por la zona de playa, ojalá contemplen reforzar la escollera del estero y de la marina inconclusa…”.
Vistas en abstracto, las preguntas podrían pasar por un ejercicio jurídico rutinario. Vistas en su contexto real, quién las formula, desde dónde y con qué historial, son un instrumento dirigido contra un proyecto estratégico para la Gobernadora. No es un asesor cualquiera ni un canal institucional; es la misma figura, el mismo modus operandi y el mismo ecosistema que en su momento operó contra otras concesiones del estado. El contenido es la fachada técnica de una operación política que pone en riesgo logros centrales de la actual administración.
Un funcionario municipal con responsabilidad jurídica que tiene observaciones técnicas sobre una obra del gobierno del estado tiene un cauce establecido para presentarlas: el oficio, la mesa técnica, el procedimiento institucional. No el espacio de comentarios de un video. Lo que aparece en redes sociales no es duda; es toma de posición pública.
Lo peor, no es un asesor cualquiera. Álvarez López es el mismo abogado que en 2015 condujo, como asesor del Órgano de Gobierno del Sistema de Agua del puerto, la licitación que terminó en manos de Odebrecht Ambiental y Aguas de Barcelona, el consorcio que constituyó Grupo MAS, hoy disuelto tras un desenlace que los veracruzanos no han olvidado. Es también el perfil al que la SEFIPLAN abrió en 2017 un expediente fiscal por probable evasión, por depósitos en cuentas personales provenientes de los mismos organismos que él asesoraba. Y es quien, en abril de este año, promovió la requisa administrativa contra la primera Asociación Público-Privada municipal del país, una concesión de alumbrado público registrada ante la Secretaría de Hacienda, validada por CFE y cuyo proceso de formación fue auditado por PWC.
Este patrón es lo que merece la atención del lector, no las preguntas técnicas, que las pueden contestar los ingenieros del estado en cinco minutos. ¿Así se discuten estos temas? No lo creo.
Los proyectos de infraestructura sostienen calificaciones crediticias, atraen inversión y dan a los estados capacidad de gasto. Veracruz acaba de demostrar que puede mover positivamente esas piezas. Lo que conviene preguntar, antes que cualquier otra cosa, es si las decisiones del puerto van en la misma dirección que las del estado o en la contraria.