No se trata solamente de la interpretación conceptual, metodológica o política del asunto, que ha sido el núcleo de la narrativa oficial para desestimar el informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), en el que se pide al secretario general de esa organización internacional que se lleve ante la Asamblea General el caso de las desapariciones en México.

Tan pronto como se conoció el informe, desde la máxima tribuna de la nación se alzaron vehementes voces de descalificación, señalando errores metodológicos en la cuantificación de las cifras, en la temporalidad y en la falta de consideración de los esfuerzos gubernamentales de los últimos años, aludiendo incluso a la calidad de independencia del comité de expertos, cuyo presidente inmediatamente reviró, afirmando que dicho organismo, en efecto independiente, sí forma parte de las Naciones Unidas.

El señalamiento internacional, evidentemente, colocó en una posición sumamente incómoda a la actual administración, que ha hecho todo lo posible por minimizar la exorbitante cifra de desaparecidos en el país, mediante mecanismos estadísticos que, más que aplacar la crítica, la han incentivado en el ámbito doméstico y ahora trasciende al terreno del máximo organismo global del que, por decisión soberana, formamos parte.

El tema genera, naturalmente, preocupación en la cúpula gubernamental, dadas las implicaciones que una exposición al máximo nivel de la comunidad de naciones pueda tener, no solo de carácter reputacional, sino en lo político y particularmente en lo económico.

Debe tenerse en cuenta que la fuente de las desapariciones está asociada a los altos índices de inseguridad que se registran en el territorio y a la acción violenta de bandas criminales que han sido clasificadas por el gobierno norteamericano como terroristas.

Ya sea que conceptual, metodológica o políticamente el informe del CED pueda tener imprecisiones, lo que es indubitable es que México está en la mira del exterior, de organismos internacionales que tienen como finalidad la evaluación mutua y a los cuales el país se ha sumado por voluntad propia y, en consecuencia, debiera ser corresponsable de los diagnósticos que producen y las recomendaciones que de ellos emanan, toda vez que forman parte de nuestro andamiaje legal.

El rechazo al contenido del informe no altera la realidad cotidiana y mucho menos la de las familias que padecen día a día la angustia de desconocer el paradero de un ser querido, cada uno de las y los más de ciento treinta mil desaparecidos, metodológicamente documentados de una u otra manera, constituye una tragedia familiar que no puede ser ignorada con el simple y frío tratamiento estadístico.

El entorno para nuestro país ofrece momentos delicados, que tienen mucho que ver con el exterior y que serán catalizados por la complicada situación interna, sujeta a observación, muy pero muy cercana.