La economía mexicana no crece al ritmo de sus necesidades desde hace décadas; las cifras son conocidas. Baste decir que, a precios constantes de 2015, el PIB nacional creció, según el Banco Mundial, 11.9 por ciento en 1994 —primer año del TLCAN, último del modelo de crecimiento por sustitución de importaciones— y que aquel crecimiento no se ha vuelto a alcanzar.

Hasta 1981 se volvió a tener algo cercano, que fue un aumento del PIB en 9.6 por ciento; el siglo XXI empezó con un crecimiento del 5% en el 2000, cifra que volvió a alcanzar en 2010 y desde entonces hasta ahora, todo ha sido deslizamiento cuesta abajo.

El crecimiento anual promedio entre 2000 y 2018 es de apenas 1.8%, a precios constantes de 2015.

Entre 2019 y 2024, el PIB cayó 8.4% el año de la pandemia para subir apenas 6% en 2021 y seguir bajando hasta 1.4% en 2024, último año del que tiene información el Banco Mundial.

Durante los años de la 4T, el crecimiento económico ha sido aún más bajo que durante la década anterior.

Las múltiples causas del bajo dinamismo de nuestra economía hay que buscarlas en el ámbito nacional y en el internacional, aunque están muy imbricados.

Las causas nacionales son múltiples, y sólo destaco las desigualdades de todo orden —junto con la pobreza— como limitantes estructurales del crecimiento.

Las desigualdades y la pobreza son uno de los efectos del bajo crecimiento de la economía y a la vez, son una de las causas de que el crecimiento productivo sea bajo; un ejemplo es la informalidad característica del mercado laboral que afecta, según el INEGI, al 54.8 por ciento de los trabajadores del país.

La informalidad laboral ocurre inclusive en las microempresas, que son el 95.5 por ciento de los cinco y medio millones de establecimientos registrados como empresas; tienen hasta 10 empleados, se dedican al comercio, a pequeños talleres, restaurantes o servicios y pagan un salario promedio anual, según el INEGI, de aproximadamente 91 mil pesos por trabajador, bastante menos de los 115 mil pesos a los que llega el salario mínimo general.

Esos negocios emplean al 41.5 por ciento de la fuerza laboral; otro 15 por ciento trabaja eventualmente o en el medio rural, con lo que se llega a más de la mitad de la fuerza laboral del país que, estando ocupada, apenas le alcanza para comer, pero no para convertir sus necesidades en demanda solvente como parte de un mercado que atrajera inversiones productivas para satisfacer sus demandas de bienes.

Bajo crecimiento, desigualdades y pobreza es una trampa económico-política que los gobiernos progresistas tratan de romper, atenuando la pobreza aunque, como dijo el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva en Barcelona, sin atreverse a afrontar las causas políticas de las desigualdades sociales y regionales.

Ante el bajo crecimiento, las desigualdades y la pobreza, los programas sociales son indispensables; tienen efectos positivos a corto plazo pero a la larga, sin la dinámica productiva que aporte más recursos al fisco, se vuelven financieramente insostenibles.

Con el tiempo, las limitaciones fiscales llevan a que los programas asistenciales pierdan su impulso inicial y el gobierno se desacredite. Es la secuencia económica y política que ha llevado al fracaso político a varios gobiernos progresistas.

Es claro, por lo demás, que los programas de asistencia social son temporalmente necesarios, pero no generan el tipo de prosperidad que depende del crecimiento de la riqueza.

En el orden internacional resalta como freno al crecimiento de las inversiones de capital nacional en México, que la política de integración regional México-Estados Unidos-Canadá ha perdido vigencia, lo cual genera enorme incertidumbre acerca del modelo de exportaciones con el que el neoliberalismo armó el modelo de desarrollo y del cual, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el T-MEC son sus instrumentos.

La apuesta por la integración de México a la región norteamericana —que convirtió al sector exportador como el más dinámico de la economía— cambió porque Washington ha adoptado una política proteccionista con la que intenta repatriar industrias para enfrentar los avances de China que se perfila como la próxima economía hegemónica global.

Esa confrontación se libra, por lo pronto, en términos de investigación, conocimiento científico, tecnología, articulación y densidad de capacidades no sólo de producir sino de innovar. En ese juego, México no es un socio que pueda aportar algo de lo que Estados Unidos carezca.

Por lo tanto, Washington se permitirá exigir lo inimaginable en el proceso de revisión del T-MEC.

Entre las razones para que el tratado se mantenga, no destaca que haya sido un factor detonante de crecimiento económico de nuestro país, pero ha dado certidumbre jurídica a los inversionistas extranjeros en México y acceso al mercado estadounidense sin aranceles.

De no llegar a ratificarse, las exportaciones desde México se verían gravadas por impuestos probablemente extraordinarios y habría una baja en inversiones extranjeras directas, todo lo cual lesionaría regiones del país y sectores de la economía mexicana.

Aun así, no hay que perder de vista que en la revisión del T-MEC, México no se juega únicamente el acceso al mercado de Estados Unidos sino mucho más: se juega su modelo de desarrollo económico para las próximas décadas.

La disyuntiva es entre un modelo que siga apostando al sector exportador, como el que ha regido durante las últimas décadas, o uno que persiga el fortalecimiento de las capacidades productivas internas y de la demanda de los mercados nacionales.