Este 22 de mayo de 2026, México y la Unión Europea firmaron el Acuerdo Global Modernizado (AGM) y un Acuerdo Comercial Interino (ACI) que permitirá la aplicación anticipada del componente comercial mientras los 27 parlamentos nacionales de la UE ratifican el acuerdo integral.

El AGM sustituye al tratado de 1997/2000 e incorpora un componente sin precedente: un Tribunal permanente de Resolución de Controversias de Inversión que reemplaza el modelo tradicional de arbitraje ad hoc.

El Tribunal está compuesto por nueve miembros permanentes (tres nacionales de la UE, tres mexicanos y tres de terceros países) designados por el Consejo Conjunto para mandatos de cinco años.

Los casos se resolverán en divisiones de tres miembros, presididas por un nacional de tercer país.

Las partes no designarán a sus propios árbitros, eliminando una fuente histórica de crítica al sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (Investor-State Dispute Settlemen o ISDS), mecanismo tradicional incluido en tratados internacionales que permite a empresas extranjeras demandar a un gobierno ante tribunales de arbitraje internacionales si consideran que sus leyes o políticas afectan sus inversiones.

Los laudos serán revisables ante un Tribunal de Apelación permanente de seis miembros que puede corregir errores de derecho, de hecho y causales de nulidad del Convenio CIADI. El proceso exige consultas previas obligatorias y mediación opcional antes de acceder al Tribunal.

Los Tratados Bilaterales de Inversión (Bilateral Investment Treaties o BITs) entre México y Estados miembros individuales de la UE serán gradualmente sustituidos por este mecanismo de solución de controversias unificado.

El acuerdo original carecía de un capítulo de protección de inversiones y de mecanismo ISDS propio. La protección dependía de BITs bilaterales fragmentados (México-España, México-Alemania, etc.), con estándares, foros y reglas procesales dispares y sin instancia de apelación.

El AGM unifica todo bajo un marco sustantivo único con tribunal permanente, consistencia interpretativa y apelación, abonando a la claridad y uniformidad de reglas y como consecuencia a la certidumbre jurídica.

El T-MEC restringe drásticamente el ISDS ya que aplica solo entre México y EU (Canadá se excluyó), limita los reclamos arbitrables a trato nacional, Nación Más Favorecida y expropiación directa, exige litigio doméstico previo de hasta 30 meses y reserva un régimen ampliado solo para contratos gubernamentales en energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura, y no cuenta con un mecanismo de apelación.

El CPTPP, por su parte, conserva el arbitraje ad hoc tradicional con designación de árbitros por las partes, protecciones sustantivas amplias y cláusula fork-in-the-road (que obliga a un inversor extranjero a elegir de forma irrevocable una única vía legal para resolver una disputa comercial o de inversión, ya sea los tribunales nacionales del país anfitrión o un tribunal de arbitraje), y tampoco contempla apelación.

El AGM se distingue de ambos por su tribunal permanente, por un acceso amplio sin restricción sectorial y por la incorporación de una doble instancia en el proceso.

Entre las ventajas podrán incluir jurisprudencia coherente frente a laudos contradictorios; apelación que otorga legitimidad; independencia reforzada al eliminar designación unilateral de árbitros; unificación de BITs fragmentados y acceso integral sin límites sectoriales. En el contexto actual de México, el mecanismo ofrece a inversionistas europeos un foro de protección independiente del sistema judicial reformado.

No existe un tribunal de este tipo plenamente operativo en el mundo, ya que el proyecto de Corte Multilateral de Inversiones de la UE sigue en negociación en UNCITRAL, y la experiencia del CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement –un amplio tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá) de nueve años en aplicación provisional advierte sobre plazos de implementación potencialmente extensos.

México operará tres sistemas de protección de inversiones distintos (T-MEC, CPTPP y AGM), generando complejidad regulatoria.

Para las empresas europeas con operaciones en México, el Tribunal de Inversiones constituye un diferenciador relevante frente a la incertidumbre jurídica existente en el plano doméstico.

En el tablero de la protección de inversiones internacionales de México, el AGM ocupa la posición de mayor ambición institucional. Queda por definirse si la práctica estará a la altura del diseño.