México constituye el primer caso que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU decide llevar ante la Asamblea General. Esto es delicadísimo para nuestro país, mas no es una condena automática.

Es una alarma que implica que, para el Comité, existe suficiente información para determinar que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio mexicano.

Sheinbaum de inicio rechazó el mensaje del informe. Señaló que la definición de desaparición forzada implica la acción deliberada del Estado —con posible razón en ello—, y negó que actualmente desde el gobierno se estén desapareciendo a las personas.

También es cierto que, como ha señalado el gobierno, en los últimos años se han creado instituciones, registros y mecanismos que antes no existían. Negar esos avances sería incorrecto.

Por ello, el rechazo inicial se entiende políticamente: ningún gobierno acepta de entrada una calificación con serias implicaciones internacionales y, más grave aún, la percepción pública de ser un Estado criminal.

Sin embargo, precisan dos cosas: el informe no señala que exista una política oficial para desaparecer personas; y el derecho internacional establece que la responsabilidad estatal no se agota en la acción directa, sino también por aquiescencia o tolerancia frente a violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, tal y como lo ha señalado la doctrina de la Corte Interamericana (López Soto y otros vs. Venezuela).

Como respuesta al rechazo del Estado mexicano, el Comité de la ONU aclaró que su análisis examina la evolución de la situación hasta la actualidad, y que no se requiere que los crímenes de lesa humanidad sean orquestados desde las altas esferas del gobierno.

En esa lógica sostuvo que lo relevante no es sólo la intención estatal, sino la magnitud de la problemática, los patrones de ocurrencia y la posible tolerancia o incapacidad de las autoridades para prevenirlo.

Para bien, en los últimos días la postura del gobierno de México tuvo un matiz importante: sin abandonar el rechazo, abrió la puerta al diálogo y anunció la revisión técnica del informe mediante un grupo interinstitucional.

Ese movimiento reconoce que la discusión no se resolverá con descalificaciones, sino con argumentos y evidencia.

Adicionalmente, este martes, Amnistía Internacional elevó el tono y respaldó públicamente el mecanismo excepcional para llevar a México ante la Asamblea General de la ONU.

También solicitó declarar la crisis como emergencia nacional y exhortó al gobierno a aceptar asistencia internacional, proteger a las familias y establecer resultados medibles.

Ello, destacando a las mujeres buscadoras: amenazadas, agredidas y, en algunos casos, asesinadas mientras realizan una labor que el Estado no ha podido completar.

Así, la conversación adquiere mayor presión y escrutinio global, sí, pero en algo coincide con el gobierno: el asunto reclama coordinación extraordinaria y una respuesta del Estado a la altura de su complejidad.

Lo que sigue será decisivo. México tendrá que construir una respuesta sólida. Nadie puede negar las cifras de las desapariciones; sin embargo, ello no implica automáticamente que todas constituyan desapariciones forzadas en términos de lesa humanidad, pues dicha calificación exige acreditar elementos adicionales, particularmente la intervención, aquiescencia o tolerancia del Estado en un contexto sistemático o generalizado.

Más allá del debate técnico, el desafío real no es solamente de este gobierno, ni del sexenio anterior, ni del anterior.

Dolorosamente, las desapariciones son un fenómeno que ha marcado a las familias de nuestro país desde la Guerra Sucia, por lo que es un verdadero punto de encuentro para todas las mexicanas y mexicanos.

Así, responder con seriedad no implicaría ceder ante la presión internacional, sino enfrentar la situación reconociendo el dolor y la falla frente a todos los que llevan demasiado tiempo esperando.