No me atrevo a atribuirle una causa definida, ni a darle explicación. Tal vez porque es un problema complejo (o tal vez porque nomás no lo he entendido), pero lo cierto es que las competencias electorales en México se traducen rutinariamente en disputas completamente centradas en individuos. Esto es desde luego estimulado por el presidencialismo que ha caracterizado a nuestro país casi desde su nacimiento, pero después de más de dos siglos no me parece que las razones se agoten ahí. El caso es que, tanto para quienes contienden como para quienes deciden quién gana, el centro de las elecciones son individuos confrontados uno a uno.
El primer problema que esto representa es que la competencia electoral nunca es sólo entre individuos, incluso cuando el cargo unipersonal que se disputa tiene la gigantesca relevancia de la Presidencia de la República. En los comicios, la sociedad decide, aun con las limitaciones que impone traducir las aspiraciones y demandas de 100 millones de votantes a un número limitado de opciones políticas, la ruta general a seguir por el país en lo político y social. Vamos, lo que con frecuencia se denomina el proyecto de nación.
Fuera de los casos de la elección de cargos unipersonales, presidente de la República y gobernadores de los estados, en donde la dinámica natural de las campañas proselitistas tiene que enfocarse en individuos, cuando esa perspectiva se expande a las de ayuntamientos y cámaras legislativas, resulta no sólo en una simplificación excesiva de lo que está en disputa, sino en la producción, reproducción y sobredimensionamiento de la relevancia de cada candidato en el proceso.
Al elegir ayuntamientos, junto con los presidentes municipales se elige a un cuerpo colegiado que es quien resolverá los asuntos más importantes del gobierno municipal. Reducirla a la popularidad de la cabeza de las candidaturas oculta el carácter colectivo del funcionamiento del órgano, y de hecho, con regularidad, se traduce en la subordinación indebida de los regidores que son electos junto con ella y que deben de responder, antes que otra cosa, al mandato popular dado a través de las urnas.
En el caso de las cámaras legislativas, el problema es semejante. Las campañas se centran en los individuos que compiten en las elecciones de mayoría relativa, donde cada uno trata de superar a otros contendientes en lo particular; sin embargo, el órgano que se elige es colegiado, y la persona que gana en su distrito o estado sólo puede actuar eficazmente en conjunto con las decenas o cientos de integrantes de dichas cámaras.
A contrapelo, la elección de diputados de representación proporcional tiene una naturaleza distinta, pues se trata de votar por un conjunto de candidatos, con compromisos explícitamente partidistas, articulados por un programa político, esperablemente coherente. Sin embargo, esta competencia colectiva, entre grupos de personas que se proponen para llevar al Poder Legislativo las voces de quienes sufraguen en su favor, se ve oculta por el mecanismo, legal pero inconstitucional, de votar en una misma boleta por legisladores de representación proporcional y de mayoría relativa. En ésta, al frente de la boleta aparecen quienes compiten de manera individual, y quienes lo hacen de manera colectiva al reverso.
El resultado de hecho de este procedimiento es que la mayoría de quienes votan, y un número sorprendente de los propios competidores, informadores y hasta académicos, ignoran que simultáneamente se está emitiendo el voto en favor de estas listas. El que las listas de candidatos sean cerradas y bloqueadas (es decir, que los candidatos se encuentren en ellas en el orden en que accederán a la cámara correspondiente, según el número de votos recibidos) es, antes que cualquier otra cosa, una garantía de certeza para quien vota, sabiendo quiénes se beneficiarán de su voto; pero también hace notable que no se vota por una persona, sino por una propuesta colectiva hecha por un partido. Dada la poca notoriedad que la votación por estas listas tiene con el actual sistema, es realmente pertinente regresar al mecanismo de votarlas en una boleta separada, forzando además a que los partidos realicen campañas en favor del conjunto de sus candidatos.
Las propuestas de desaparecer las listas para que los puestos de representación proporcional sean ocupados por los mejores perdedores de cada partido, o de desbloquear las listas para que cada votante señale a un candidato de su preferencia, reducen a individuos lo que correctamente es una competencia colectiva, y hace que nadie sepa quién ganará gracias a su voto.
Tema pendiente, desde luego, para una futura y debida reforma electoral.