La estrategia era una mayor soberanía energética en el largo plazo. Sin embargo, los datos indican que hoy se produce menos gasolina y diésel que hace más de una década.

Durante los últimos años, la política energética ha apostado por procesar una mayor proporción del petróleo dentro del país.

Esto ha implicado reducir las exportaciones y, con ello, una fuente importante de ingresos para las finanzas públicas.

El intercambio parecía claro: sacrificar recursos fiscales en el corto plazo para alcanzar mayor soberanía energética a largo plazo.

Sin embargo, datos de 2026 sugieren que el país está asumiendo el costo sin obtener el beneficio.

Mientras los ingresos petroleros del gobierno siguen cayendo, la producción de gasolinas y diésel aún no supera los niveles observados hace más de una década.

La paradoja es evidente porque ocurre en un momento de altos precios internacionales del petróleo.

De enero a abril, la Mezcla Mexicana de Exportación ha promediado más de 81 dólares por barril, frente a los 61 dólares registrados en el mismo periodo de 2025, y es su mejor nivel desde 2022.

En algunos días, incluso, el precio ha superado los 100 dólares por barril. Aun así, los ingresos petroleros del gobierno sumaron 311.5 mil millones de pesos, el nivel más bajo para un primer cuatrimestre desde la pandemia de 2020 y una caída real de 5.9 puntos respecto al año anterior.

La explicación no está en el mercado internacional, sino en la capacidad del país para aprovechar la bonanza.

Aunque la producción de petróleo se recuperó ligeramente, al promediar 1.652 millones de barriles diarios en los primeros meses de 2026, el avance es marginal frente a los 1.615 millones de 2025 y sigue lejos de los niveles históricos que alguna vez tuvo la industria.

Más importante es lo que ocurre con las exportaciones. Pemex ha exportado apenas 409 mil barriles diarios en promedio, equivalente a sólo una cuarta parte de todo el petróleo que produce.

Es el menor nivel en más de una década. Entre 2015 y 2023, más de la mitad de la producción nacional se destinaba a los mercados internacionales; en 2019 la proporción fue incluso de 73 por ciento.

Reducir exportaciones puede tener sentido si el crudo se transforma internamente en combustibles de mayor valor agregado.

Ese ha sido precisamente el argumento detrás de la estrategia de soberanía energética. Sin embargo, los resultados son menos contundentes de lo que se afirma.

La producción de gasolinas promedia 399 mil barriles diarios en 2026, su mejor nivel desde 2017, pero aún por debajo del promedio entre 2010 y 2014, cuando superaba 420 mil barriles diarios.

Algo similar ocurre con el diésel: la producción actual alcanza 280 mil barriles diarios, el mayor volumen desde 2015, pero aún lejos de los más de 300 mil barriles diarios de 2012 y 2013.

Es decir, México exporta menos petróleo que antes, pero tampoco produce más combustibles de los que ya producía hace más de una década.

La consecuencia es una menor capacidad para convertir la riqueza petrolera en ingresos públicos.

El petróleo es propiedad de todos los mexicanos, pero el gobierno no puede repartir barriles entre la población.

La forma en que esa riqueza beneficia a la sociedad es mediante los ingresos que genera y que tradicionalmente financiaban servicios públicos como salud, educación y seguridad.

Hoy esa lógica se ha debilitado. De los 311.5 mil millones de pesos de ingresos petroleros registrados hasta abril, la aportación directa de Pemex a la Federación fue de sólo 73.3 mil millones.

Al mismo tiempo, el gobierno transfirió 76.5 mil millones de pesos a la empresa. En otras palabras, el Estado terminó entregando más recursos a Pemex de los que recibió de ella, con un saldo negativo de 3.2 mil millones de pesos.

La pregunta de fondo es si la estrategia energética está generando valor para los ciudadanos.

Los altos precios internacionales ofrecían una oportunidad excepcional para fortalecer las finanzas públicas.

Sin embargo, la combinación de una producción estancada, exportaciones en mínimos históricos y una refinación que todavía no supera los niveles alcanzados hace más de diez años ha impedido que esa bonanza se traduzca en mayores recursos para el país.

La soberanía energética no debería medirse únicamente por cuántos barriles se refinan dentro de las fronteras nacionales; igualmente importante es la capacidad de convertir los recursos petroleros en bienestar colectivo.

Bajo ese criterio, los resultados siguen quedando por debajo de las expectativas.