Es una discusión que vale la pena: Cuánta responsabilidad tienen las Fuerzas Armadas si generales o marinos, aun en situación de retiro, encabezan labores de seguridad pública o de fiscalías en alguna entidad federativa.

Ayer, en la mañanera, el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, se deslindó del actuar del general en retiro Gerardo Mérida, quien, tras aparecer hace mes y medio en una acusación del Departamento de Justicia, decidió entregarse en Estados Unidos.

Mérida fue, por 15 meses, titular de Seguridad en Sinaloa. Llegó al cargo en el sexenio de López Obrador, cuando hubo casos en que candidatos policiacos no provenientes de las Fuerzas Armadas fueron vetados desde Palacio para ocupar una secretaría de Seguridad.

Dicho de otro modo. El que el general Mérida llegara en septiembre de 2023 al puesto en Sinaloa no fue una excepción, y mucho menos casual.

Un reportaje de El Sol de México, de diciembre de 2024, registra 15 secretarías de seguridad con titular surgido de las Fuerzas Armadas. De hecho, esa información periodística surge a partir de que Mérida fue sustituido ese mismo mes por… otro militar. Y en el reporte periodístico se destaca que casi todas las entidades donde el mando de seguridad es castrense son de Morena. ¿A alguien le extraña?

Hoy, Mérida está bajo proceso en Estados Unidos y ya tuvo su primera audiencia formal, en la que la prensa destacó que apareció encadenado de pies y manos.

Desde que Mérida fue señalado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en abril, su expediente se volvió un acertijo jurídico-mediático: ¿lo investigaría la Defensa?, ¿lo reclamaría la Fiscalía General de la República?, ¿lo entregaría la presidenta Sheinbaum, que demanda a Estados Unidos pruebas sobre los sinaloenses señalados, particularmente, pero no solo, el gobernador con licencia Rubén Rocha?

En principio, ocurrieron dos cosas: Sinaloa, en voz de la gobernadora interina, se deslindó de Mérida al señalar que el nombramiento había sido una decisión de la Defensa y, desde luego, el pasado 11 de mayo, luego de que, por la razón que haya sido, ni la FGR ni la Defensa lo reclamaran, el militar tomó la decisión de entregarse por propio pie en Arizona.

Ayer, más de un mes después, el general Trevilla fue cuestionado en la mañanera sobre Mérida. La Defensa, dijo su titular, “no tiene nada que opinar en relación con este asunto. Es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República u otras autoridades en Estados Unidos”.

Aunque Trevilla informó que Mérida se jubiló en 2022, lo cierto es que los militares de cierto rango siguen ligados a sus superiores y, por supuesto, que no podría haber llegado al puesto en Sinaloa sin la aprobación del alto mando. Deslindarse hoy de él suena bien raro.

Como extraño también suena la explicación del general Trevilla, quien dijo que es “una mala interpretación” de Yeraldine Bonilla (la gobernadora interina de Sinaloa), el responsabilizar a la Defensa de la llegada de Mérida al cargo de secretario de Seguridad.

“Los gobiernos de los estados son autónomos”, dijo Trevilla ayer. “Ellos, en algún momento dado, pueden solicitar el apoyo a la Defensa, en el sentido de que se recomiende. O sea, piden la opinión de cómo fue este general en funciones, en su ruta profesional, en su carrera, y se da la opinión. Así es como sucedió”.

Una institución no da cartas de recomendación así nomás –y menos para 15 militares de alto rango que en todo el país durante el sexenio en que los uniformados más poder, y negocios, recibieron– para luego decir “nosotros no tenemos nada qué ver”.

Es una buena discusión. Muy actual. ¿Deben ser militares los mandos de seguridad en los estados? Si un civil en ese puesto se corrompe o es dañino (sin prejuzgar el desempeño de Mérida en Sinaloa), quien lo recomendó –como Adán Augusto en el caso de Hernán Bermúdez– debe rendir cuentas. Los militares también.

Máxime si durante 15 meses el jefe de zona militar compartió mesa de seguridad con Mérida, a quien sustituyó otro general. Mucho qué explicar, incluso asumiendo que el hoy preso en Nueva York es inocente.