Por Dr. Daniel A. Pérez de la Mora, investigador del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología (InIAT) de la Universidad Iberoamericana.

México no está empezando de cero en el autoconsumo compartido de energía. Está retomando una idea que ya había sido diseñada… pero que nunca se materializó.

En 2019, la regulación para la generación distribuida colectiva estaba lista. Había pasado por análisis técnico, modelos de negocio e incluso ejercicios de viabilidad. El planteamiento era claro: permitir que múltiples usuarios compartieran una misma fuente de generación eléctrica, abriendo la puerta a esquemas comunitarios, mayor inclusión y una transición energética más descentralizada. Sin embargo, ese modelo nunca llegó a publicarse.

A finales de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo marco que permite el autoconsumo compartido de energía eléctrica. En términos simples, habilita esquemas en los que múltiples usuarios pueden organizarse para generar y gestionar su propia energía desde una misma instalación, un modelo que otros países han desarrollado desde hace años.

Hoy, bajo este nuevo marco regulatorio, esa lógica regresa con más urgencia que antes. La tecnología está disponible, la regulación finalmente existe y el contexto energético es más apremiante que nunca. Pero hay un detalle que sigue siendo el mismo: el verdadero reto no es técnico.

Compartir energía implica compartir decisiones.

A diferencia del modelo tradicional (un usuario, un contrato, una relación directa con el suministrador), el autoconsumo compartido tiene una dinámica muy distinta. Ahora hay grupos de usuarios que deben acordar cómo se distribuye la energía, quién invierte, cómo se reparten los beneficios y qué sucede cuando alguien no cumple o decide salir del esquema.

La propia regulación lo reconoce, aunque no lo diga abiertamente. No solo permite estos esquemas: exige que existan reglas internas, mecanismos de resolución de conflictos y acuerdos claros entre los participantes. La regulación no solo permite compartir energía; obliga a organizarse para hacerlo. En otras palabras, el sistema eléctrico empieza a incorporar algo que no necesitaba: gobernanza entre usuarios.

Ahí es donde se juega todo.

Porque un proyecto de este tipo puede ser técnicamente impecable y aun así fracasar. No por fallas en la tecnología, sino porque los acuerdos no se sostienen, los incentivos no están alineados o la confianza se pierde.

En ese sentido, el país enfrenta un desafío distinto al que suele plantearse en la transición energética. No se trata solo de cambiar fuentes de generación, sino de cambiar la forma en que las personas se organizan alrededor de la energía.

Esto no es menor. Durante años, la generación distribuida ha crecido en segmentos con capacidad de inversión individual: hogares de alto consumo y empresas. Pero los modelos colectivos prometían algo más ambicioso: ampliar el acceso, permitir economías de escala y acercar los beneficios de la energía limpia a quienes no pueden instalar sistemas propios.

Este tipo de modelos no son nuevos en teoría. Lo que cambia es que dejan de ser simulación… y se vuelven política pública.

México llega tarde a este modelo, pero llega con una ventaja que antes no tenía: ahora es evidente que no basta con que la regulación y la tecnología existan. Hace falta algo más.

Hace falta aprender a compartir no solo la energía, sino las reglas, los riesgos y las decisiones.

Porque al final, el futuro energético no se definirá solo en paneles solares o contratos. Se definirá en algo más simple (y mucho más complejo): nuestra capacidad de ponernos de acuerdo.