Los tiempos de la hegemonía del PRI durante el siglo pasado son susceptibles de una innumerable cantidad de críticas desde muchos puntos de vista; sin embargo, existe una realidad innegablemente digna de reconocimiento: el partido institucional en el poder entendió las exigencias de su tiempo y contó, en su seno, con corrientes de decisión que le permitieron asumir, según las circunstancias, el papel que la historia le demandó o le impuso.

Así, la revolución institucional engendró presidentes con un pensamiento nacionalista y de izquierda, como Lázaro Cárdenas o Luis Echeverría, del mismo modo en que produjo líderes que enfrentaron el neoliberalismo surgido tras el fin de la Guerra Fría, como Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

El PRI supo y pudo estar a la altura de sus circunstancias porque no fue el partido de una sola persona —o, al menos, logró desprenderse de ella—, sino una organización realmente institucional, integrada de manera colegiada alrededor de una idea derivada de la Revolución de 1910, de la que tomó su nombre y sus valores, aunque muchos de ellos terminaran por abandonarse con el paso de los años.

A lo largo de las últimas tres décadas, antes del advenimiento del morenismo, los gobiernos llamados “tecnócratas” entendieron el grave daño que ocasionan al desarrollo y a la estabilidad del país el gasto público desenfrenado y el endeudamiento irresponsable.

Desde Miguel de la Madrid se asumieron políticas restrictivas en la gestión financiera del Estado, que evitaron un descarrilamiento económico, como el que provocó la administración de la abundancia encabezada por José López Portillo.

Ese cuidado de las finanzas públicas permitió consolidar cierta estabilidad macroeconómica, otorgándole a México grado de inversión y condiciones de confianza suficientes para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá.

Desafortunadamente, a partir del levantamiento zapatista de 1994, la fragilidad del sistema político y la presencia permanente de grupos antagonistas de izquierda comenzaron a ser percibidas por los inversionistas como factores de riesgo que impidieron un crecimiento económico más acelerado.

A pesar de ello, la disciplina financiera permitió conservar estabilidad cambiaria hasta nuestros días.

El riesgo anticipado terminó por materializarse en el sexenio pasado, tan pronto como se canceló, mediante una consulta improvisada, el proyecto más emblemático anunciado y emprendido por el presidente Enrique Peña Nieto: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

Hoy, los ahorros se han agotado y el endeudamiento creciente ha colocado al país al borde de perder el grado de inversión. No se observaba un panorama semejante desde hace más de treinta años.

El problema que enfrentamos en esta coyuntura es que Morena no es el PRI, ni tiene tampoco la capacidad política y estructural de serlo; y es con ese instrumento político con el que la presidenta debe gobernar y conducir al país.

Morena carece de los contrapesos internos, de la formación institucional y de la experiencia de Estado que durante décadas caracterizaron al viejo sistema político mexicano. Al mismo tiempo, tampoco sobrevive ya un PRI capaz de sustituir al establishment que, durante los últimos siete años, se impuso y se apropió de la vida pública nacional.

La petición de extradición de nueve funcionarios realizada por los Estados Unidos —que durante las últimas semanas ha ocupado la atención nacional—, aunada a la precariedad de las finanzas públicas, hace evidente el llamado histórico que enfrenta Claudia Sheinbaum Pardo: México necesita que la presidenta asuma plenamente el cargo y la posición que la Constitución le confiere, con los partidos que la acompañen.

Una coincidencia fáctica ocurrida la semana pasada ilustra con claridad el problema que nos desborda. Durante su regreso a los Estados Unidos, un reportero preguntó al presidente Donald Trump si solicitaría a China el favor de intervenir ante Irán para abrir el estrecho de Ormuz.

La respuesta fue inmediata: los Estados Unidos no piden favores porque no los necesitan y porque hacerlo implica, inevitablemente, quedar obligados a corresponder.

Casi al mismo tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la renuncia del doctor Víctor Rodríguez como director general de Pemex y presentó a Juan Carlos Carpio como su relevo.

En una comunicación que buscó ser cercana y cordial, relató la manera en que había pedido a su amigo Víctor Rodríguez el favor de asumir la dirección de la empresa del Estado, encargo que él aceptó desempeñar únicamente durante un año y medio, plazo que ahora llegaba a su término.

La diferencia entre ambos posicionamientos resulta profundamente ilustrativa. Mientras uno comunica la fortaleza institucional del Estado que representa, el otro transmite todavía una lógica de relaciones personales y de confianza individual, más cercana al círculo político que a la investidura presidencial.

Al final de las dos guerras mundiales, el papel de vencedores y vencidos correspondió a Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos, por una parte, y a Alemania, el Imperio austrohúngaro y Japón, por la otra.

La historia registra las acciones de Churchill, De Gaulle, Roosevelt, Hitler, Mussolini o Hirohito; pero el peso de la victoria o de la derrota termina siempre por recaer sobre las naciones enteras.

En eso consiste ser jefe de Estado: en asumirse como el representante máximo de los intereses permanentes del país y actuar en consecuencia.

La presidenta aún no termina de asumirse plenamente como tal. Un presidente ordena; no pide favores. Y si las circunstancias lo obligan a hacerlo, difícilmente lo comunica como virtud política.

Claudia Sheinbaum todavía enfrenta el desafío histórico de ejercer plenamente la dimensión institucional del cargo que decidió encabezar.

Los slogans de campaña alrededor de la justicia social y de la honestidad de la Cuarta Transformación seguirán siendo útiles para movilizar simpatizantes al Zócalo o al Paseo de la Reforma.

Sin embargo, el mantra repetido cada mañana será insuficiente para corregir el complejo escenario económico e institucional que México comienza ya a enfrentar.