La decisión de aplazar la segunda parte de la elección judicial no es, en sí misma, ni un triunfo ni una concesión. Es, ante todo, una ventana estrecha, pero suficiente para corregir errores de diseño que, de persistir, seguirán comprometiendo la impartición de justicia y la viabilidad económica del país en un momento en que la competencia global por capitales productivos no admite titubeos.

Como bien señalan México Evalúa y la Red por la Independencia Judicial en su pronunciamiento de la semana pasada, la primera elección judicial de 2025 dejó lecciones que no pueden ignorarse: ausencia de estándares homogéneos para evaluar aspirantes, filtros de idoneidad insuficientes e información precaria para que la ciudadanía emitiera un voto informado. Dichas organizaciones reconocen que el aplazamiento podría resultar positivo, siempre y cuando el tiempo ganado se destine a subsanar las deficiencias estructurales del modelo y no simplemente a diferir los mismos problemas.

Coincidimos con ese diagnóstico, pero consideramos necesario ir más allá en dos dimensiones cruciales para el futuro del país.

La primera es la dimensión económica. México necesita inversiones de calidad y de largo plazo con una urgencia que no es retórica. La realidad comercial global exige del país certeza jurídica como condición innegociable.

Los inversionistas (nacionales y extranjeros) no colocan capital donde perciben que los jueces pueden responder a lógicas partidistas o a presiones de grupos de interés y cada reforma que se emprenda desde ahora debe enviar señales inequívocas de que el Estado mexicano apuesta por un Poder Judicial técnicamente sólido, autónomo y predecible.

No basta con postergar, es imperativo comenzar ya con reformas de fondo que incluyan certificación de competencias, evaluación transparente del desempeño y fortalecimiento de la Escuela Nacional de Formación Judicial, que vayan generando confianza antes de que se celebre la próxima elección.

La segunda dimensión, quizás igual de determinante, es la creación de un organismo independiente de selección. La experiencia comparada lo confirma; en Bolivia, donde se eligen jueces por voto popular, las críticas al modelo derivan de la insuficiente independencia del filtro legislativo respecto del partido gobernante. En estados de la Unión Americana que eligen jueces mediante voto directo, comisiones de mérito judicial integradas por exjueces, académicos y abogados de reconocido prestigio preseleccionan candidatos, blindando la calidad profesional y alejando el proceso de la influencia partidista.

La lección es clara: el voto popular solo funciona como mecanismo de legitimación democrática si quienes llegan a la boleta ya han sido validados por instancias técnicas ajenas al juego político.

México puede y debe adoptar un mecanismo equivalente. La selección final de candidaturas debe recaer en última instancia en una comisión independiente, alejada de los tres poderes, conformada por exintegrantes del Poder Judicial con probada independencia, académicos especializados, representantes de colegios de abogados y abogados postulantes con reconocimiento nacional e internacional.

La encomienda consiste en verificar competencias técnicas, trayectoria ética y ausencia de vínculos con intereses facciosos o con el crimen organizado. Solo los perfiles que superen ese escrutinio deberían figurar en las boletas.

Y entonces sí, que el pueblo decida.

No se trata de desconfiar del voto ciudadano sino de garantizar que el voto se ejerza sobre opciones genuinamente calificadas.

La autonomía judicial no es un privilegio gremial sino el cimiento sobre el cual descansan la protección de derechos, la certeza en los negocios, la paz social y, en última instancia, la prosperidad compartida.

Se requiere de un verdadero ejercicio de análisis y ejecución legislativa que ya no desperdicie oportunidades ni alargue los efectos de una reforma mal diseñada y peor ejecutada en su primera fase.

Los costos están a la vista y limitarse a ajustes cosméticos y argumentos electoreros de corto alcance únicamente repetirá un experimento fallido esperando resultados distintos.

Un Poder Judicial independiente y profesional no debilita a ningún gobierno, por el contrario, lo fortalece.

Es momento de proyectar un México con jueces autónomos y competentes donde la inversión llegue, se multiplique y genere prosperidad compartida.