La reforma judicial impulsada por el oficialismo comienza a exhibir sus propias contradicciones. Lo que hace apenas unos meses fue presentado como una transformación histórica para “democratizar” el Poder Judicial, hoy enfrenta tal nivel de cuestionamientos, incertidumbre y desgaste político que el propio bloque gobernante ya plantea aplazar parte de su implementación.

En San Lázaro se cocina un periodo extraordinario para aprobar que la segunda etapa de la elección de juzgadores se recorra de 2027 a 2028. El problema es que posponer un proceso viciado no corrige sus defectos de origen.

La señal es contundente: el oficialismo reconoce implícitamente que la reforma nació atropellada, mal diseñada y políticamente contaminada. De otro modo, no existiría necesidad de modificar sobre la marcha el calendario de una de las reformas que el régimen presumió como piedra angular de la llamada Cuarta Transformación.

En contraparte, la oposición —particularmente Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional— ha elevado el tono y propone ir más allá del aplazamiento: revertir por completo la reforma judicial.

El argumento central no es menor. Consideran que el nuevo modelo no solo ha fracasado antes de entrar plenamente en vigor, sino que ha generado incertidumbre jurídica y ahuyentado inversiones nacionales y extranjeras.

Y hay razones para entender esa preocupación. Ningún inversionista apuesta capital de largo plazo en países donde el sistema judicial pierde independencia o queda sujeto a intereses políticos. La certeza jurídica no es un lujo académico; es la base de cualquier economía moderna.

Cuando empresarios y mercados perciben que jueces, magistrados o ministros podrían responder a presiones del poder político, el mensaje es demoledor: el Estado de derecho deja de ser confiable.

Ese es precisamente el temor que ha despertado la reforma impulsada por el oficialismo. La posibilidad de contar con jueces electos bajo una lógica partidista y con una Suprema Corte de Justicia de la Nación alineada a los designios presidenciales, representa una concentración de poder que resulta poco saludable para cualquier democracia republicana.

La división de poderes no es un mero principio decorativo; es el mecanismo diseñado para impedir excesos y garantizar equilibrios. Un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo destruye ese contrapeso y abre la puerta a decisiones motivadas más por intereses políticos que por criterios constitucionales.

Pero quizá el aspecto más delicado del proceso ha sido la forma en que se seleccionaron perfiles y candidaturas. Desde distintos sectores se denunció la intervención abierta del aparato gubernamental en la construcción de listas y apoyos.

Los célebres “acordeones” —que orientaban el voto y marcaban líneas de respaldo político— terminaron por exhibir la enorme injerencia oficial en un proceso que supuestamente debía garantizar independencia.

Ahí radica una de las grandes paradojas de esta reforma: se prometió acercar la justicia al pueblo, pero el resultado ha sido una creciente percepción de control político sobre el Poder Judicial. Lejos de fortalecer la autonomía de los juzgadores, el modelo parece orientado a construir un sistema de lealtades.

En San Lázaro, incluso algunos legisladores oficialistas reconocen en privado que la reforma ha generado más problemas de los previstos. El aplazamiento de la segunda etapa electoral no responde únicamente a razones técnicas o presupuestales; también busca bajar la tensión política y evitar que el desgaste continúe creciendo rumbo a los procesos electorales de 2027.

Sin embargo, diferir la elección no resuelve el fondo del problema. El proceso seguirá siendo cuestionado mientras persista la percepción de que el Ejecutivo busca moldear un Poder Judicial a conveniencia. Cambiar fechas no modifica la naturaleza de una reforma cuya legitimidad ha sido severamente erosionada desde el arranque.

La oposición, consciente de ello, ha encontrado un punto de coincidencia poco común. Tanto el PRI como el PAN sostienen que la única salida viable es desmontar la reforma y abrir un nuevo debate nacional que permita construir un modelo judicial verdaderamente autónomo, profesional e imparcial.

La pregunta es si el oficialismo estará dispuesto a reconocer el fracaso de una de sus apuestas más emblemáticas.

Porque más allá del discurso ideológico los efectos empiezan a sentirse en la realidad económica y política del país. La incertidumbre jurídica impacta inversiones, afecta la confianza empresarial y deteriora la percepción internacional de México.

Y eso, tarde o temprano, termina traduciéndose en menor crecimiento, menor empleo y mayores costos financieros.

Si el bloque gobernante realmente quisiera hacerle un favor al país, debería abrir la puerta a una revisión profunda de la reforma judicial.

No para regresar intactos al modelo anterior, sino para construir uno que garantice independencia, profesionalismo y equilibrio de poderes. La justicia no puede funcionar bajo criterios de obediencia política.

Y más aún, los juzgados están colapsados por contar con jueces bisoños e ineptos, producto de la elección judicial.