La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa anunció este martes 5 de mayo que el vicefiscal general Dámaso Castro Saavedra, uno de los 10 funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, presentó una solicitud de licencia.
“La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informa que, con fecha 05 de mayo de 2026, el Lic. Dámaso Castro Zaavedra presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo, al cargo de vicefiscal general del Estado”, indicó la institución en un breve comunicado.
El anuncio ocurre luego de que ayer la fiscalía estatal informara que Castro Saavedra ejercía sus funciones “en pleno ejercicio de sus atribuciones legales”.
Saavedra sigue así los pasos de Rubén Rocha Moya, el primer funcionario de la lista que presentó solicitud de licencia, y de Juan de Dios Gámez Mendívil, exedil de Culiacán que también dejó el cargo en medio de las acusaciones.
“Asimismo, manifiesta su disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico”, añadió la fiscalía estatal.
La FGE detalló que dicha solicitud se fundamenta en los artículos 1° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123, apartado B, fracción XIII del mismo ordenamiento; así como en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, además de lo previsto en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Según expone el semanario Ríodoce, Dámaso Castro está señalado por irregularidades relacionadas con la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén la tarde que secuestraron a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el 25 de junio de 2024, además de presuntamente recibir sobornos de Los Chapitos.
Tras revisar la acusación del Departamento de Justicia de EU, y una solicitud de extradición para Rocha Moya, la Fiscalía General de la República exigió al gobierno de Trump que se envíe a México “las pruebas y documentos necesarios” que respalden los señalamientos en contra de los funcionarios y exfuncionarios señalados.