El lunes le decía que mi impresión es que, para Estados Unidos, México se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional, y por eso han modificado su estrategia. Ese mismo día, la Casa Blanca publicó su Estrategia Nacional de Control de Drogas, en la que detalla parte de esa transformación.
No es que sea adivino o tenga información privilegiada. Como bien dice Christian Ehrlich, experto en seguridad, en este documento no hay mucho más que en las estrategias de seguridad nacional y militar que se publicaron en meses pasados. De hecho, el cambio en el terreno puede fecharse mucho antes, con el gobierno de Biden, bajo el cual ocurrió la extracción de El Mayo Zambada. Si fuese poco, la creación de la Fuerza de Trabajo Conjunta Interagencias del Comando Norte del ejército de Estados Unidos, ocurrida a inicios de año, apuntaba claramente a lo que hoy vemos.
Esta información nos permite confirmar que no estamos frente a un arrebato de Trump, aunque sin duda él haya aprobado este proceso, y seguramente intentará utilizarlo en su beneficio. El cambio es institucional, es una política de Estado, y me parece que responde a la transformación que ha sufrido el crimen organizado en México.
En primer lugar, conviene no olvidar que los cárteles mexicanos se encuentran entre los grupos criminales más importantes del mundo. Frecuentemente aparecen entre los cinco más poderosos, superando por mucho a otros latinoamericanos. No en balde ha crecido la preocupación en varios países sudamericanos por la presencia de elementos de Sinaloa o Jalisco.
Segundo, estos grupos han sufrido una transformación notable en los últimos 15 años. Por un lado, su mercado cambió, con la legalización de mariguana en Estados Unidos, pero también con la epidemia de opioides. De ahí la conexión con grupos chinos e indios para producir fentanilo en México e introducirlo a Estados Unidos. Por otra parte, la presión de las fuerzas de seguridad, tanto en México como en Estados Unidos, les obligó a buscar otras fuentes de ingreso. Por esas razones, vemos tanto la transnacionalización de los grupos como la ampliación de su portafolio de negocios.
Con el triunfo de López, estos dos fenómenos tuvieron un crecimiento notable. Del lado trasnacional, basta recordar la insistencia de ese señor acerca de la inexistencia de laboratorios de fentanilo en México; del lado interno, la expansión territorial que permitió un incremento notable de la extorsión, pero también la ampliación de los grupos criminales a la trata de personas, aprovechando los márgenes que les dieron las políticas anti-inmigrantes de Estados Unidos y el papel de México como “tercer país seguro” en los hechos.
Por todo lo anterior, referirnos a los grupos criminales como narcotraficantes es anacrónico. Sin duda siguen en ese negocio, pero ya no es el único, y en muchas ocasiones ni siquiera es el principal. Por otra parte, ya no se trata de que la policía mexicana se haga de la vista gorda frente a sembradíos o trasiego. El crimen organizado, al ampliarse transnacionalmente y al diversificar sus negocios vía la expansión territorial, en los hechos inició un proceso de reemplazo del Estado. Son ellos los que garantizan seguridad pública, imparten justicia, controlan bienes públicos, sea directamente o mediante testaferros a quienes pusieron en el poder.
Si lo ve de esta manera, entenderá por qué para Estados Unidos ya no es un tema de “guerra contra las drogas”, al menos no únicamente. Y si esta interpretación es correcta, el dilema que enfrenta el gobierno mexicano es totalmente distinto al de hace dos o tres sexenios. Ya no es un asunto de reclamarle a los vecinos que dejen de consumir y con eso se arreglará todo. La amenaza para ellos, que es la misma para nosotros, es que México esté gobernado por grupos criminales. Esa debe ser la discusión.