La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo 15 sentencias contra 20 exservidores públicos municipales que fueron detenidos en la llamada Operación Enjambre.
Entre los sentenciados destaca María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco de Becerra. A esta exfuncionaria se le vinculó con el cártel de La Familia Michoacana, que mantiene presencia en el sur de la entidad.
Los 20 exservidores públicos pertenecían a municipios como Amanalco de Becerra, Tlatlaya, Nicolás Romero, Coatepec Harinas, Acambay, Naucalpan, Tonatico, Santo Tomás de los Plátanos y Ecatepec, informó la Fiscalía estatal.
El total de las sentencias suma mil 146 años de prisión por delitos de alto impacto como homicidio, secuestro en distintas modalidades, extorsión y desaparición forzada. En algunos casos, los exfuncionarios colaboraban con cárteles criminales como La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Desde alcaldes hasta comisarios: ¿Quiénes son los funcionarios del Edomex sentenciados?
El 16 de diciembre de 2025, María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, recibió una sentencia de 70 años de prisión por el delito de homicidio en agravio de integrantes de su administración.
Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, recibió dos sentencias. El 29 de enero de 2026, un juez lo condenó a 40 años de prisión por homicidio. El 22 de abril del mismo año, recibió otra sentencia de 150 años de prisión por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.
El 9 de julio de 2025, Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, recibió una sentencia de 50 años de prisión por secuestro exprés con fines de robo.
Juan Cruz Solano, excomisario de Coatepec Harinas, recibió el 9 de febrero de 2026 una sentencia de 40 años de prisión por el delito de extorsión.
Eulises González Hernández, excomisario de Seguridad Pública de Acambay, acumula dos sentencias. La primera, de 68 años y seis meses de prisión, se dictó el 27 de octubre de 2025 por desaparición forzada de personas. La segunda, dictada el 21 de noviembre del mismo año, es de 47 años y seis meses de prisión por extorsión.
Omar Leyva Montalvo, exsubdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, recibió el 23 de septiembre de 2025 una sentencia de 40 años de prisión por el delito de extorsión.
Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, expresidente honorífico del DIF de Tonatico, recibió el 11 de noviembre de 2025 una sentencia de 50 años de prisión por secuestro exprés con fines de extorsión.
Edgar Jiménez Ramos, exservidor público del Ayuntamiento de Santo Tomás, recibió el 28 de agosto de 2025 una condena de un año de prisión por el delito de evasión.
Erick Adrián Hernández Mejía, expolicía municipal de Nicolás Romero, recibió el 3 de julio de 2025 una sentencia de 47 años y seis meses de prisión por homicidio.
Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, alias ‘El Matón’, expolicía municipal de Nicolás Romero, recibió el 16 de julio de 2025 una sentencia de 62 años y seis meses de prisión por secuestro exprés.
Agustín Gildardo Bringas Álvarez, expolicía municipal de Santo Tomás, recibió el 12 de diciembre de 2025 una sentencia de 60 años de prisión por secuestro.
Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, ambos expolicías municipales de Ecatepec, recibieron el 14 de abril de 2026 una sentencia de 47 años de prisión cada uno por homicidio.
También recibieron sentencias de 46 años y seis meses de prisión siete elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero: Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado.
‘Operativo Enjambre’, primer golpe del gobierno de Sheinbaum
En abril de 2024, en dos pozos de agua ubicados en el municipio de Nicolás Romero, autoridades localizaron restos de 10 personas. Este hallazgo derivó en la captura de 11 policías locales.
El 22 de noviembre de 2024, el Gobierno de México y la Fiscalía estatal pusieron en marcha el ‘Operativo Enjambre’.
Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía mexiquense identificó como probables responsables a mandos y policías locales de Nicolás Romero.