La decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Alicia Bárcena, de cancelar la autorización del proyecto turístico Perfect Day México, promovido por Royal Caribbean Group en Mahahual, Quintana Roo, ha colocado sobre la mesa uno de los dilemas más complejos de la política pública moderna.

¿Cómo conciliar la protección del medioambiente con la necesidad de atraer inversiones y generar empleos?

No se trata de un asunto menor.

La inversión prevista ascendía a mil 500 millones de dólares, equivalente a más de 28 mil millones de pesos al tipo de cambio actual. En un contexto de desaceleración económica, menor crecimiento y creciente incertidumbre regulatoria, perder un proyecto de esa magnitud envía una señal que inevitablemente será observada con atención por inversionistas nacionales y extranjeros.

Pero también es cierto que el desarrollo turístico en el Caribe mexicano no puede continuar a costa de destruir ecosistemas que son patrimonio natural del país.

Mahahual, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, es una de las zonas con mayor riqueza ecológica de Quintana Roo. Frente a sus costas se encuentra parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado el segundo arrecife coralino más grande del mundo, después de la Gran Barrera Australiana. Este ecosistema alberga cientos de especies marinas, protege la línea costera y constituye el principal atractivo turístico de la región.

Los grupos ambientalistas que se oponen al proyecto advirtieron sobre posibles daños a manglares, pastos marinos, arrecifes y fauna marina. Su preocupación no es infundada. La experiencia demuestra que desarrollos mal planeados pueden alterar de manera irreversible el equilibrio ecológico.

En ese sentido, la Semarnat actuó conforme a su mandato constitucional de proteger el medioambiente y garantizar el uso sustentable de los recursos naturales.

El gobierno mexicano no solo tiene el derecho, sino la obligación de actuar con rigor técnico cuando existe riesgo para ecosistemas estratégicos.

Sin embargo, la discusión no puede reducirse a una falsa disyuntiva entre ecología o desarrollo.

México necesita ambas cosas.

El país requiere inversiones productivas, generación de empleos formales y crecimiento económico. Pero también necesita preservar sus recursos naturales, que son la base de su competitividad turística y de la calidad de vida de millones de personas.

De concretarse, Perfect Day México habría generado miles de empleos directos e indirectos en una región donde el turismo representa la principal fuente de ingresos. Hoteles, restaurantes, transportistas, comercios y prestadores de servicios se habrían beneficiado del aumento en el flujo de visitantes.

Además, la derrama económica habría fortalecido las finanzas locales y ampliado la base tributaria, permitiendo mayores recursos para infraestructura y servicios públicos. La cancelación, por el contrario, implica la pérdida de una inversión relevante en un momento en que México enfrenta señales de cautela por parte del capital extranjero.

La reforma judicial, la incertidumbre regulatoria y las decisiones discrecionales en distintos sectores han contribuido a elevar la percepción de riesgo. Cuando un proyecto de gran escala es detenido, aun por razones ambientales legítimas, el mensaje para los mercados debe acompañarse de certeza, transparencia y reglas claras.

No se trata de autorizar cualquier proyecto sin considerar sus impactos, ni de cerrar indiscriminadamente la puerta a la inversión. Se trata de establecer estándares rigurosos, supervisión permanente y medidas de mitigación que permitan compatibilizar desarrollo y conservación.

Muchos países han demostrado que el turismo sustentable es posible cuando existen evaluaciones serias, monitoreo independiente y sanciones efectivas ante incumplimientos. Este caso debería servir para impulsar una discusión más amplia sobre el modelo de crecimiento que México desea construir.

La sustentabilidad debe ser la principal bandera de la política pública. Pero esa bandera no puede convertirse en sinónimo de inmovilidad ni en un factor adicional de incertidumbre para quienes están dispuestos a invertir.

Lo que se requiere es un marco regulatorio sólido y predecible, donde las empresas conozcan con claridad los requisitos ambientales y donde las autoridades actúen con base en criterios técnicos, no políticos.

Royal Caribbean tiene derecho a buscar alternativas o rediseñar el proyecto para atender las observaciones de la autoridad y de la sociedad civil. México, por su parte, debe demostrar que es capaz de proteger sus ecosistemas sin renunciar al desarrollo económico.

La eventual cancelación definitiva de Perfect Day México deja una lección contundente. Cuidar el medioambiente es irrenunciable. Pero también lo es crear condiciones para que fluyan inversiones que generen empleos y bienestar.

Entre la devastación ecológica y el rechazo automático a la inversión existe un punto de equilibrio. Encontrarlo es la verdadera responsabilidad del Estado mexicano.

Porque la prosperidad del país no dependerá de elegir entre naturaleza o crecimiento, sino de demostrar que ambos pueden coexistir en un equilibrio responsable y sustentable.