Era un caluroso mediodía de miércoles, 23 de agosto de 2023. En Xochitepec, Morelos, a doña Elvia Ruiz le tomaban muestras genéticas de saliva, que se irían a una gran base de datos con el objetivo de confrontar su ADN con el de las osamentas que yacen en los servicios médicos forenses sin identificación alguna.

Eran las instalaciones de lo que prometía ser el nuevo Centro Nacional de Identificación Humana. Esa madre buscadora, que llevaba dos años sin saber el paradero de su hijo Édgar, alimentaba sus esperanzas de que en ese lugar la ayudarían a tener elementos que permitieran ya no encontrar, sino identificar a su hijo en el peor de los escenarios, es decir, en caso de que estuviera muerto y su cuerpo hubiese sido depositado en alguna fosa común, engrosando la lista de más de 50 mil restos sin identificar en el país.

Esa misma mañana del 23 de agosto de 2023, quien fuera comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, renunciaría al cargo en medio de versiones de desencuentros derivados de la presunta intención del gobierno de López Obrador de rasurar el padrón de desaparecidos.

Medio año después, en febrero de 2024, el incipiente Centro Nacional de Identificación Humana estaba siendo desmantelado. Más allá de que AMLO nunca recibió a las madres buscadoras, esa era una muestra clara de que en ese “gobierno humanista” no era prioridad atender la crisis de desaparecidos.

Hoy, en el “segundo piso de la cuarta transformación”, la situación en principio parece no haber mejorado, sobre todo tomando en cuenta que el gobierno de Claudia Sheinbaum se mantiene en su decisión de rechazar el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED).

También ha sido motivo de no pocas críticas la reciente revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Colectivos de búsqueda y activistas, en un pronunciamiento conjunto, acusaron al gobierno federal de “rasurar” las cifras del registro para “ocultar la dimensión real del problema”.

Sin embargo, en los últimos días parece abrirse una ventana de oportunidad para cambiar las cosas, y la visita del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quizá nos permita alimentar esa esperanza.

Tras cuatro días de visitas y encuentros con autoridades y familiares de víctimas y colectivos, el funcionario de la ONU advirtió ayer que “las desapariciones siguen siendo de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos” en el país, y que el dolor de las víctimas “no puede minimizarse”.

Sin embargo, Türk reconoció avances, como el hecho de que la ley general en la materia sea “referencia internacional” y haya sido “elaborada con participación de las víctimas”.

“Me alentó lo que escuché del gobierno”, confesó el alto comisionado. Con Sheinbaum –dijo– hablaron de manera extensa sobre el problema “y hubo una apertura para encontrar un trabajo conjunto y que aportemos (la ONU) experiencia internacional”.

Reconoció la “voluntad política de seguir fortaleciendo instituciones” y se congratuló de que “se reconoce a las familias y colectivos como clave en el proceso de búsqueda”.

Es decir, más allá de las rabietas de la ‘4T’ por el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, lo que Türk observó fue una aparente apertura. “Nadie niega el problema”, dijo ayer en su conferencia. Quizá sea pecar de ingenuidad, pero qué tal que esta sea una más de las áreas donde Sheinbaum se desmarque de su antecesor. Qué tal que, a diferencia de López Obrador y tras esta visita del enviado de la ONU, decide comprometerse más a fondo con la atención de esta tragedia.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pareció también dar señales de apertura, al pronunciarse, tras su reunión con Türk previa al encuentro de este con la presidenta, por la cooperación con el alto comisionado, pues –dijo– “amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”.

Y para alimentar el frágil optimismo, también ahí está el Plan Estratégico de la Fiscalía General de la República, entregado el viernes al Senado, donde se establece a la desaparición de personas en nivel de “prioridad máxima”, y asegura que células operativas “activarán rastreos inmediatos apoyados en la interconexión del Banco Nacional de Datos Forenses”.

Hay señales, pues, para aventurarnos a creer que quizá podría haber un viraje y un compromiso más a fondo ante el flagelo de las desapariciones. Solo falta ver que se concreten los esfuerzos que supuestamente se harán, y no vaya a resultar una gran decepción, como aquella del Centro Nacional de Identificación Humana en Xochitepec.

Pero para que haya un avance tendría que atenderse el llamado, la “súplica” que hizo ayer Volker Türk: que no se politice y no se polarice el tema de las desapariciones, pues eso –alertó– no ofrece justicia a víctimas. Urgió a “un compromiso nacional más allá de posiciones políticas o de gobiernos” para reconocer el dolor de las víctimas.

Y es ahí donde se puede caer el optimismo. ¿Será posible que el “segundo piso de la ‘4T’” deje de politizar este o cualquier otro tema urgente para el país?