Otra vez, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ocupa el centro de la discusión pública. Marchas, bloqueos, plantones y negociaciones que avanzan sin claridad vuelven a marcar la agenda nacional. Las imágenes recorren el país y cruzan fronteras: calles tomadas, actividades paralizadas y un conflicto que parece repetirse con una precisión alarmante. Todo esto en medio de la Copa Mundial de Futbol.

Pero detrás del ruido hay una pregunta que seguimos evitando: ¿quién defiende el derecho de las niñas, niños y adolescentes cuando los adultos entran en disputa?

Como tantas veces en las últimas décadas, el conflicto se convierte en protagonista y el aprendizaje queda relegado a un segundo plano. Sin embargo, el derecho a aprender no puede ser una variable de negociación. Las y los estudiantes tienen derecho a estar en la escuela, a contar con sus maestras y maestros, a recibir educación todos los días y en todos los rincones del país. Ese debería ser el punto de partida de cualquier diálogo y de cualquier acuerdo.

La historia de este conflicto es larga. También es compleja. La CNTE ha señalado rezagos, incumplimientos y demandas que merecen ser escuchadas. Muchas de ellas tienen fundamento. Pero reconocer la legitimidad de una causa no significa justificar cualquier método para defenderla. Cuando una protesta termina afectando a quienes menos poder tienen para defenderse, es momento de preguntarnos si no hemos perdido de vista lo esencial.

Tampoco podemos ignorar la responsabilidad del Estado. Durante años, distintos gobiernos han optado por administrar el conflicto en lugar de resolverlo. Se instalan mesas de negociación, se anuncian acuerdos y se repite el mismo ciclo sin transparencia, sin rendición de cuentas y sin una protección efectiva del derecho a aprender. Diálogo no es sinónimo de renunciar a gobernar.

Lo preocupante es que hemos normalizado esta dinámica. Cada nuevo bloqueo genera indignación por unos días y después vuelve la costumbre. Como si fuera inevitable que la educación quedara atrapada entre presiones políticas, cálculos electorales y disputas sindicales. Como si las pérdidas de aprendizaje fueran daños colaterales aceptables. No lo son.

México necesita maestras y maestros fuertes, respetados y respaldados. Necesita liderazgos sindicales capaces de defender los derechos laborales sin renunciar a su compromiso con las y los estudiantes. Necesita autoridades que entiendan que la educación no puede gestionarse a partir de crisis permanentes. Y necesita una sociedad que deje de mirar estos episodios como asuntos exclusivos del sector educativo.

Porque cuando una escuela se paraliza, no se afecta únicamente un calendario escolar. Se interrumpen trayectorias de aprendizaje, se amplían desigualdades y se limita el futuro de quienes menos oportunidades tienen para recuperarlo.

Frente a este escenario, la resignación no puede ser una opción. Hay algo que ni los bloqueos, ni los plantones, ni las negociaciones opacas pueden detener: la convicción creciente de millones de madres, padres, docentes, estudiantes y ciudadanos de que la educación debe ocupar el lugar más alto de nuestras prioridades nacionales.

Esa convicción es más fuerte que cualquier conflicto. Y es ahí donde reside la esperanza.

Porque el futuro de México no se construye en las calles tomadas ni en las mesas cerradas. Se construye todos los días en las aulas. Y eso es algo que nadie debería poder bloquear. Así que en vez de anunciar que el balón no rodará en la justa futbolística, empecemos a rodar la idea de que sólo la educación de calidad cambiará a México.