La improvisación se ha convertido en un método de gobierno o, quizá algo más preocupante, la construcción deliberada de reglas electorales y judiciales diseñadas no para fortalecer la democracia, sino para facilitarle al partido en el poder el control político en escenarios adversos.

Las recientes iniciativas enviadas por la Presidencia al Congreso —la reforma a la reforma judicial y dos nuevas propuestas para “blindar” candidaturas y elecciones— revelan una mezcla de parche, cálculo político y afán de perpetuidad.

La primera iniciativa confirma, en los hechos, el fracaso de la reforma judicial aprobada apenas en septiembre de 2024.

A menos de dos años, el gobierno reconoce implícitamente que el modelo era al menos inoperante.

Sin embargo, el ajuste no corrige el problema de fondo; la crisis de justicia en México sigue intacta.

La propuesta consiste básicamente en posponer al 2028 la siguiente elección judicial —aunque el problema reaparecerá en 2030 en una elección aún más compleja—, ya que persiste la idea de empatarla con las otras elecciones; reducir el número de candidaturas en las boletas; obligar a jueces en funciones a renunciar si desean competir y homologar parcialmente los criterios de selección de candidaturas.

Nada de eso mejora la impartición de justicia. Apenas simplifica la operación política y electoral de un modelo que incluso para esos efectos nació mal diseñado.

Menos candidaturas implican “acordeones” más manejables, es decir, mecanismos más simples para inducir el voto en elecciones ya de por sí incomprensibles para la ciudadanía.

La semana pasada advertimos sobre el riesgo de celebrar simultáneamente las elecciones judiciales y las intermedias de 2027.

El nivel de complejidad amenazaba con desbordar al INE y desincentivar la participación ciudadana. Ese mismo día la Presidencia anunció esta reforma correctiva, pero corregir no es necesariamente resolver y este es el caso.

Resulta revelador que la reforma llegue apenas meses después de que comenzaran a surgir dudas sobre el perfil y la capacidad de algunos de los juzgadores electos.

La preocupación ya había sido expresada incluso por figuras relevantes de la 4T, como Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero y Javier Corral. Ni siquiera esas advertencias sirvieron para construir una propuesta más seria.

Porque elegir jueces por voto popular sigue sin resolver el problema estructural; al contrario, lo agrava. Convertir a los juzgadores en candidatos no alcanza siquiera la categoría de idea; es, insisto, una NO IDEA.

La segunda iniciativa abre otro frente delicado. Se plantea crear una comisión del INE encargada de “verificar la integridad” de candidaturas.

Para ello, los partidos podrían entregar —eso sí, de manera voluntaria— listas de aspirantes a través del INE a instancias de seguridad, inteligencia y autoridades financieras, con el fin de detectar posibles vínculos con el crimen organizado.

El problema es evidente: se traslada a terceros una responsabilidad que corresponde a los partidos políticos.

Son ellos quienes postulan candidaturas y deberían asumir las consecuencias legales y políticas de hacerlo irresponsablemente.

Si se acredita financiamiento criminal, la sanción debería implicar la pérdida del registro partidista.

En cambio, el gobierno se inclina a construir un sistema donde órganos administrativos y agencias de seguridad terminen decidiendo quién puede o no competir.

El concepto mismo de “riesgo razonable” abre la puerta a interpretaciones discrecionales y políticas.

La tercera iniciativa es quizá la más inquietante. Bajo el argumento de “blindar” las elecciones frente a injerencia extranjera, se proponen causales de nulidad tan amplias y ambiguas que prácticamente cualquier crítica internacional podría convertirse en pretexto para judicializar una elección.

Las causales incluyen “presión política, económica, diplomática o mediática”, “manipulación digital” e incluso “vulneración del territorio”.

¿Qué significa exactamente eso? ¿Bastaría un pronunciamiento crítico de un gobierno extranjero sobre políticas mexicanas para alegar intervención electoral? ¿Podría Morena argumentar que una cobertura mediática internacional afecta sus posibilidades y pedir la nulidad de una elección?

La ambigüedad no fortalece la soberanía, fortalece la discrecionalidad.

México ya posee uno de los sistemas electorales más complejos y litigiosos del mundo. Las normas, sobrecargadas de excepciones y ambigüedades, han convertido la justicia electoral en un ejercicio churrigueresco y por lo mismo carente de certeza.

La sobrerrepresentación legislativa de 2024 es prueba suficiente de cómo los intereses políticos terminan imponiéndose sobre la certeza jurídica, aun cuando se trate de la Constitución.

Y, sin embargo, en lugar de simplificar, transparentar y fortalecer instituciones, el oficialismo insiste en multiplicar controles, excepciones y mecanismos de intervención.

Más que reformas democráticas, se trata de reformas de conveniencia y a la medida.