Fue el 2 de diciembre de 2017. Ese día, Andrés Manuel López Obrador, entonces precandidato presidencial, visitó Quechultenango, la tierra que vio nacer y crecer a Los Ardillos.

No es un dato menor. Desde hace décadas, este grupo criminal ejerce un control absoluto sobre esa región de Guerrero: controlan los caminos con hombres armados disfrazados de policías rurales; también la economía local, obviamente los eventos políticos y, más aún, los votos. Ahí nadie da un paso sin su permiso.

Antes de subir al templete para presentar su polémica propuesta de “amnistía” a criminales, López Obrador sostuvo una reunión con Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos. Quienes estuvieron ahí aseguran que fue Félix Salgado Macedonio quien promovió ese encuentro y el evento político organizado por el grupo criminal y el entonces alcalde. El argumento era simple: garantizar los votos de la Montaña Baja. El objetivo era nacional: ganar, a costa de lo que sea, la Presidencia.

Dicho encuentro entre el precandidato a la Presidencia y Celso Ortega Jiménez quedó grabado y bajo resguardo en el archivo del grupo criminal. Ahí también están protegidos los videos de decenas de autoridades y políticos de los tres niveles de gobierno que han acumulado Los Ardillos desde hace décadas.

Ahora bien, ¿quiénes son Los Ardillos?

Es un grupo criminal asentado en la región centro de Guerrero, cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de terror en las comunidades rurales. Su rastro está marcado por homicidios, cuerpos desmembrados, desapariciones, enfrentamientos armados y el desplazamiento forzado de comunidades enteras.

¿Hasta dónde llega el poder de Los Ardillos?

Hasta hace un par de años, ese grupo criminal se limitaba a controlar los caminos, los mercados, el transporte y el presupuesto público de tres gobiernos municipales; pero, después del asesinato del exalcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, controlan 17 municipios, incluyendo la capital guerrerense.

Inhale y exhale

Pues su verdadero poder no está en el control territorial, ni en sus armas, ni en su capacidad para sembrar muerte. Su mayor poder está en las pruebas que tienen de sus encuentros con políticos y autoridades. Así como lo están leyendo.

Son las fotografías y grabaciones que resguardan como instrumentos de sometimiento político y las evidencias de reuniones con autoridades municipales, estatales y federales. Esa es su verdadera garantía de impunidad: material suficiente para extorsionar, matar, decapitar alcaldes y desplazar comunidades indígenas sin pagar consecuencias.

La “videoteca” de Los Ardillos

En cuatro ocasiones, Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos, ha hecho públicos videos y fotografías de reuniones con autoridades y políticos guerrerenses, con dos objetivos: 1) “sacar del camino” a quienes no cedieron a su extorsión y 2) enviar un mensaje al resto de políticos y autoridades con los que se ha reunido, para que sepan que, si no ceden a sus solicitudes, podrían aparecer en las primeras planas nacionales reunidos con un líder criminal.

Primero fue Jorge Zuriel de los Santos, fiscal general de Guerrero, exhibido en octubre de 2021 en una iglesia junto a Celso Ortega. Terminó dejando el cargo.

Después vino Norma Otilia Hernández. El 5 de julio de 2023 comenzó a circular un video de la entonces alcaldesa de Chilpancingo reunida con el líder criminal. Según el propio Ortega, ella se negó a entregarles el control del rastro municipal.

El 22 de febrero de 2024 apareció una fotografía de José Erasto Figueroa Durán, exdelegado de Transportes, presuntamente por negarse a otorgar concesiones. Lo mismo ocurrió con Hossein Nabor Guillén, exalcalde de Tixtla y funcionario del gobierno estatal.

La amenaza pública de Los Ardillos a AMLO

El 15 de febrero de 2024, Latinus publicó una entrevista con Celso Ortega en la que afirmó que López Obrador recibió dinero de Los Zetas en 2006. Sin embargo, ese no parecía ser el verdadero mensaje.

Entre líneas estaba la advertencia: Tengo pruebas y puedo hacerlas públicas si es necesario.

No hablaba de 2006. Hablaba del 2 de diciembre de 2017 y de esa plática en Quechultenango que quedó grabada, donde surgía la propuesta de gobierno del próximo presidente de México de dar “amnistía” a los criminales para “pacificar” el país.

Dos presidentes arrodillados ante un pequeño grupo armado.

Hoy parece que nadie puede detener a Los Ardillos. La primera prueba de sometimiento ocurrió cuando AMLO ordenó que la Guardia Nacional se retirara de Chilpancingo, en julio de 2023, para evitar confrontarse con manifestantes que exigían la liberación de miembros de ese grupo criminal.

La segunda prueba fue cuando decapitaron al exalcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, dejaron su cabeza sobre el toldo de una camioneta y, en lugar de detenerlos, les entregaron el control total de la capital guerrerense.

La tercera prueba fue hace unos días: mientras los cuerpos de sus víctimas aún estaban calientes, el gobierno de Claudia Sheinbaum ordenó instalar mesas de diálogo con ellos para “evitar un enfrentamiento”.

Otra vez una mesa. Otra vez una plática. Otra vez el diálogo convertido en garantía de impunidad. Como si no hubieran asesinado, desaparecido familias, incendiado viviendas y desplazado comunidades indígenas enteras.

Hoy la ‘4T’, el Estado mexicano que debería detenerlos, está de rodillas. No importa cuántos alcaldes decapiten. No importa a cuántos niños les corten sus manitas. No importa cuántas maestras asesinen. No importa cuántas familias desaparezcan. No importa cuántos transportistas mueran dentro de sus camionetas. No importa cuántos pueblos queden vacíos. Nadie hace nada para evitarlo.

Desde que escuché los testimonios y mientras escribía estas líneas, una pregunta no ha dejado de perseguirme:

¿Cuántas vidas, cuántas familias destruidas, cuántas lágrimas, cuánto dolor y cuánta impunidad les ha costado a los guerrerenses aquella reunión del 2 de diciembre de 2017, entre Andrés Manuel López Obrador y Los Ardillos?