La historia de la narcopolítica en México ha tenido episodios oscuros, escandalosos y vergonzosos. Gobernadores prófugos, alcaldes vinculados con cárteles, mandos policiacos coludidos y funcionarios convertidos en operadores del crimen organizado.

Sin embargo, lo que hoy ocurre con el caso de Sinaloa representa un capítulo inédito y profundamente delicado para el país y la autollamada Cuarta Transformación: la defensa política abierta desde el poder presidencial hacia personajes señalados por cortes estadounidenses de presuntos vínculos con organizaciones criminales.

El epicentro de esta tormenta es el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acompañado de otros nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad que han sido colocados bajo la lupa de autoridades norteamericanas.

Entre ellos destacan el senador Enrique Inzunza Cázares, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, Enrique Díaz Vega, extitular de Finanzas y Administración, así como el presidente municipal de Culiacán.

Lo verdaderamente sorprendente no es solamente la gravedad de las acusaciones, sino la estrategia política de defensa adoptada desde Palacio Nacional.

En lugar de tomar distancia, abrir investigaciones y permitir que las autoridades actúen, el oficialismo ha optado por cerrar filas y encabezar una defensa política que luce innecesaria, desgastante y cada vez más insostenible.

Porque una cosa es defender la soberanía y el debido proceso y otra muy distinta es convertir al aparato gubernamental en escudo de personajes bajo sospecha. El costo político comienza a ser enorme.

La narrativa anticorrupción de la 4T se erosiona cada vez que la presidenta sale públicamente a desacreditar investigaciones extranjeras, minimizar señalamientos o exigir pruebas adicionales, mientras dos de los implicados ya optaron por entregarse a las autoridades estadounidenses para acogerse a la figura de testigos protegidos.

Ese “pequeño detalle” cambia completamente el escenario.

Cuando funcionarios señalados prefieren negociar con fiscales de Estados Unidos antes que enfrentar a la justicia mexicana, el mensaje es devastador para las instituciones nacionales. Significa que son culpables y que consideran más viable salvarse colaborando con cortes extranjeras que confiando en la protección política interna.

Y eso explica la creciente preocupación en Morena. Porque el problema ya no es mediático. El problema es judicial, político y social.

Desde hace años existían versiones sobre la presunta connivencia entre actores políticos de Sinaloa y estructuras criminales. Incluso se hablaba abiertamente de la intervención del crimen organizado en procesos electorales, particularmente en la elección que llevó a Rocha Moya a la gubernatura.

Nada de eso parecía importar mientras el poder político se mantenía intacto.

Hoy, sin embargo, la situación es distinta. Las investigaciones avanzan, los expedientes crecen y las autoridades estadounidenses parecen decididas a profundizar en las redes financieras, políticas y operativas que permitieron la expansión criminal bajo protección institucional.

Tarde o temprano, los diez señalados terminarán compareciendo ante una corte de Nueva York.

Las rutas son varias: extradición por parte del gobierno mexicano, entrega voluntaria para negociar beneficios judiciales o incluso operaciones encubiertas de captura, como ha ocurrido en otros momentos con objetivos prioritarios del narcotráfico.

La entrega de Gerardo Mérida y Enrique Díaz confirma que algunos involucrados han entendido que la protección política tiene fecha de caducidad.

Y lo más delicado para el oficialismo es que todo apunta a que vienen nuevas listas.

En Washington y Nueva York existen investigaciones abiertas sobre presuntos vínculos entre actores políticos de Morena y organizaciones criminales. Si esos expedientes comienzan a judicializarse, la presión sobre el gobierno mexicano podría crecer de manera explosiva.

Por eso resulta tan desgastante la defensa cerrada que encabeza la presidenta.

Porque inevitablemente surge la sospecha de que detrás de esa protección no solo existe solidaridad política, sino también temor a que las declaraciones de los implicados alcancen niveles más altos del poder.

El “tufillo de sospechosismo”, como dirían en el viejo lenguaje político mexicano, ya comenzó a inundar las cloacas de la 4T.

Resulta difícil creer que durante el sexenio pasado nadie estuviera enterado de las presuntas trapacerías cometidas por colaboradores, gobernadores y operadores políticos cercanos al régimen. Más aún cuando Sinaloa era considerado uno de los territorios estratégicos para Morena.

La pregunta que comienza a recorrer los pasillos de San Lázaro y del Senado es inevitable: ¿hasta dónde podrían llegar las revelaciones de los testigos protegidos?

Porque si uno cae, podrían caer muchos más. Esa parece ser hoy la lógica defensiva del oficialismo: proteger a uno para evitar que se abra la caja de Pandora.

Y mientras más se aferre el oficialismo a defender lo indefendible, mayor será el desgaste para un movimiento que llegó al poder prometiendo combatir precisamente aquello que hoy se le acusa de encubrir.