En México, un médico puede salvar una vida… y al mismo tiempo quedar completamente solo cuando más necesita ayuda, sobre todo legal.

Hoy, ejercer en el sector privado no solo implica conocimientos y experiencia. Implica cumplir con condiciones cada vez más rígidas: contratar un seguro de responsabilidad profesional médica.

Actualmente, el país cuenta con más de 350 mil médicos en activo y entre 3 mil y 4 mil hospitales privados. Dentro de este sistema, la exigencia es dura: sin póliza, no hay quirófanos ni acceso a dar servicios médicos. Una póliza de responsabilidad civil oscila entre los $4 mil y $18 mil anuales, si hacemos un promedio de $8 mil, podemos calcular el tamaño del negocio para las aseguradoras: 2 mil 800 millones de pesos anuales.

En estos hospitales, esta no es una recomendación, es una imposición. Y en algunos casos, ni siquiera puedes elegir: te indican con qué aseguradora debes contratar.

Todo bajo una promesa: “estarás protegido”.

Pero esa promesa, para algunos, se ha convertido en algo muy distinto. Cada vez más médicos comienzan a compartir lo que antes se decía en voz baja: pagan durante años, cumplen con todos los requisitos y siguen cada protocolo. Pero cuando enfrentan una demanda o denuncia, el respaldo simplemente no aparece o aparece para decir “por qué razón es que no van a responder”.

No es que no tengan seguro. Es que, en el momento crítico, ese seguro no responde como esperaban o hace uso de las letras pequeñas. El caso que recientemente encendió las alarmas: Saltillo, Coahuila, donde un anestesiólogo expuso una situación que ha generado inquietud en todo el gremio médico.

Durante su proceso legal, dos de las aseguradoras que tenía contratadas (Afirme y Medical Legal Center) se deslindaron de su defensa. Dos pólizas activas, pagadas y vigentes. Y aun así… sin respaldo.

El médico, previendo un escenario adverso, contrató a una defensa adicional.

Esa decisión fue lo que evitó que quedara completamente solo en cuanto a la defensa, pero no así en cuanto a la parte económica.

Pero la situación ya era urgente, ya estaba todo dicho.

Evasivas y negativas por parte de ambas aseguradoras lo orillaron a hipotecar su casa para poder salir adelante por sus propios medios, incluso cumpliendo con todo lo que el sistema exige, incluso pagando más de una póliza, incluso siguiendo las reglas, el respaldo contratado no estaba garantizado.

El problema no termina en las aseguradoras: dentro del sector privado, médicos han señalado prácticas que generan cada vez más incomodidad: hospitales que condicionan el ejercicio profesional a contratar ciertos seguros, con ciertas aseguradoras, aseguradoras que operan como requisito de entrada y relaciones poco claras entre instituciones y proveedores.

Y mientras tanto, el médico paga las pólizas y también las consecuencias afectando su vida, su prestigio e inclusive, como en este caso, su patrimonio.

Paga por trabajar.

Paga por “protegerse”.

Paga por una tranquilidad que nunca llega cuando más la necesita.

Un silencio que empieza a romperse

La concurrencia de testimonios empieza a dibujar un patrón incómodo: médicos que enfrentan procesos solos, pólizas activas que no se traducen en defensa real y decisiones que se toman… lejos del médico.

Recientemente también vimos un caso en Baja California donde una pediatra fue sentenciada a quedar sin cédula profesional, al parecer también bajo la defensa de otra empresa aseguradora.

Un caso más recientemente viral es el de un cirujano plástico de Toluca y su equipo de médicos, encarcelados bajo la defensa de otra empresa de seguros.

La pregunta que nadie quiere responder

Hoy, el gremio médico comienza a cuestionar algo que antes daba por hecho. Porque cuando llega una demanda, no solo está en juego un caso, está en juego todo. La libertad, el patrimonio, el libre ejercicio profesional y, sobre todo, el derecho a una defensa técnica adecuada.

Y la pregunta ya no es si el médico tiene seguro.

La pregunta es: ¿qué va a hacer ese seguro para realmente defenderlos y respaldarlos?