La celebración del aniversario 90 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) abre un espacio de importante reflexión, no solo para evaluar la administración de justicia en este campo del derecho, sino en el amplio espectro del nuevo escenario que en nuestro país ejercen jueces, magistrados y ministros en los respectivos ámbitos de su competencia.

Aun y cuando la adscripción formal del TFJA corresponde al Ejecutivo, sus funciones son preponderantemente jurisdiccionales, dirimiendo controversias entre gobernados y la Administración Pública Federal en diversas materias.

Teniendo su origen en lo fiscal (como correspondía a su denominación original de “Tribunal Fiscal”), hoy conoce de asuntos de comercio exterior, consumidores, propiedad intelectual, clausuras, faltas de servidores públicos y muchos más.

En materia de Propiedad Intelectual, en particular, su intervención como autoridad revisora de resoluciones del IMPI y del INDAUTOR se ejerce desde el año 2000, y la creación de la Sala Especializada de Propiedad Intelectual (SEPI) se dio en 2008, entrando en operaciones en enero del 2009.

A partir de esa fecha, la SEPI se ha convertido en pieza esencial en la tramitación de juicios contenciosos que revisan la legalidad de las resoluciones, generando importantes criterios interpretativos con relación a marcas, patentes y derechos de autor.

A lo largo de estos 26 años de haber trasladado estos asuntos, del conocimiento de los jueces de distrito al TFJA, el sistema mejoró sensiblemente con el nivel de especialización que se alcanzó, particularmente al haberse creado una Sala dedicada en forma exclusiva a este tipo de controversias.

Si una nota es posible subrayar sobre el Tribunal, es el ambiente de neutralidad, profesionalismo y especialización que priva en su actuación.

Además, hay que reconocerlo, el TFJA busca por diversos medios lograr la mayor eficacia en el trámite de los asuntos de su competencia, reduciendo tiempos y brindando facilidades a los particulares.

Una prueba plausible es la introducción de los juicios en línea, implementados de manera inicial en este órgano de justicia, para luego ser exportados a otras instancias.

Otra interesante modalidad que el Tribunal ya explora, en cumplimiento del marco normativo de la ley de medios alternativos de solución de controversias, es la implementación de la mediación como una opción para que los gobernados puedan buscar solución a sus litigios con el Estado a través de esta forma civilizada para dirimir conflictos.

A pesar de las dificultades que entraña la adaptación de la mediación a esta clase de controversias, en muchos de los casos seguramente representará una alternativa ampliamente utilizada por los usuarios del sistema.

Una reflexión final que me parece refleja la relevancia de esta conmemoración reside en reconocer el asedio que ciertos órganos y poderes han sufrido en nuestro país en los años recientes.

Mantener la independencia y la neutralidad de autoridades como el TFJA, en el que se ventilan litigios contra el propio Estado, tiene un enorme valor simbólico desde la resistencia y la pureza de la certeza jurídica, como valor fundamental del Estado constitucional de derecho.