La rebaja que Moody’s anunció ayer a la calificación de la deuda mexicana —de Baa2 a Baa3, con cambio de perspectiva de negativa a estable— era el desenlace anticipado de un guion que el mercado venía leyendo desde hace meses.
La propia secuencia de eventos lo confirma: el 12 de mayo, S&P había cambiado a negativa su perspectiva sobre la nota mexicana en BBB en moneda extranjera; días después, analistas de Banamex advirtieron que ese movimiento allanaba el camino para una acción a la baja de Moody’s.
Cuando el comunicado de la calificadora salió ayer a las 14:35 horas, no había sorpresa que digerir, sino una expectativa que se materializaba.
La mejor evidencia de lo descontado del movimiento fue la reacción cambiaria. Lejos de depreciarse, el dólar estaba ayer por la tarde a 17.30 pesos, con una variación muy menor respecto al día previo. El ajuste ni despeinó a los operadores.
La curva de bonos gubernamentales tampoco mostró un cambio relevante. En contraste con episodios pasados —pensemos en la rebaja de Fitch en abril de 2020—, el mercado mexicano absorbió la noticia sin sobresaltos.
Eso, por sí mismo, dice mucho del trabajo previo de las mesas financieras y de la credibilidad residual del marco macroeconómico.
Conviene poner el ajuste en su justa dimensión. México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana. Baa3 es, ciertamente, el último peldaño antes del territorio especulativo, pero sigue siendo grado de inversión.
Y la perspectiva estable —tras casi un año bajo perspectiva negativa— supone un horizonte de al menos 18 meses sin movimientos adicionales esperados. Para el inversionista institucional, eso es información valiosa: significa que la próxima ventana de revisión quedó cerrada, salvo deterioro material.
Los diagnósticos de Moody’s, sin embargo, no admiten una lectura complaciente.
La calificadora ubica la deuda bruta en 49.3% del PIB en 2025 (frente a 39.8% en 2023) y proyecta una trayectoria hacia 55% en 2028.
El déficit fiscal cerró 2025 cerca de 5% del PIB —apenas medio punto debajo del 5.3% de 2024—, y la razón intereses/ingresos escaló a aproximadamente 17%, por encima de la mayoría de los pares que tienen grado de inversión.
El apoyo a Pemex —35 mil millones de dólares en 2025, equivalentes a 1.9% del PIB, más 14 mil millones de dólares presupuestados para 2026— es identificado, sin ambages, como el ancla que impide una consolidación más profunda.
A ello se suma una revisión a la baja del crecimiento esperado: menos de 1% en 2026 y 1.3% en 2027.
Frente a este diagnóstico, la lectura que Hacienda hace de la decisión resalta el ajuste fiscal de 1.3 puntos del PIB realizado en 2025 —el mayor desde 1995—, el superávit primario de 98 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2026, los ahorros de 47 mil millones en costo financiero por el manejo de pasivos, y un déficit amplio (SHRFSP) en 50.4% del PIB, por debajo de la mediana de sus pares (58%).
Cerca del 80% de la deuda federal está en moneda nacional y a tasa fija, las reservas internacionales se ubican en 257 mil millones de dólares y la Línea de Crédito Flexible con el FMI suma 24 mil millones adicionales. Son blindajes reales, no retóricos.
La pregunta, entonces, no es si los fundamentos macroeconómicos resisten —resisten— sino si la consolidación fiscal alcanzará lo que la propia Moody’s considera necesario para estabilizar la deuda.
Y aquí la agencia está, en efecto, otorgando el beneficio de la duda.
La perspectiva estable se sostiene sobre tres pilares explícitos: la independencia operativa de Banxico y su marco de objetivos de inflación, la ausencia de desequilibrios macroeconómicos amplificadores y el anclaje comercial con Estados Unidos vía T-MEC.
Si alguno de esos pilares se debilita —y la revisión del tratado en 2026, junto con los efectos de la reforma judicial sobre la certidumbre institucional, son riesgos que Moody’s nombra explícitamente—, la conversación cambiará de tono en el futuro.
El punto de inflexión vendrá en 2027. Para entonces deberá haberse materializado el repliegue gradual del apoyo a Pemex que la propia Hacienda insinúa, deberá observarse una trayectoria descendente del déficit hacia 3% del PIB del gobierno federal mientras la actividad económica deberá haber retomado su tendencia cercana a 2%.
Si esos tres elementos no convergen, volverán a surgir las preocupaciones. Por ahora, México conserva el acceso favorable a los mercados, instituciones monetarias intactas y un perfil de deuda manejable.
Lo que Moody’s recortó ayer no fue la confianza en el corto plazo; fue el margen de error hacia adelante.
Y ese margen, conviene recordarlo, se administra con decisiones que se toman hoy.
























