Dos fondas, la misma inundación, dos destinos completamente distintos. La diferencia no fue la suerte, fue una preparación que el sistema financiero, tal como está diseñado hoy, ni siquiera sabe ver.

Me mudé a Mérida, Yucatán, en agosto de 2020. No fue el momento más afortunado. A unos meses de iniciada la pandemia, buscaba un lugar más tranquilo para trabajar a distancia, más cerca de la naturaleza, lejos del ruido. La ciudad ya había sido golpeada por la tormenta tropical Cristóbal en junio, que depositó en el acuífero kárstico de la península cerca de cinco veces la lluvia promedio anual en cuestión de días. Para cuando llegué, el subsuelo de Mérida retenía más agua que en décadas. La ciudad está construida sobre una enorme plataforma de piedra caliza, prácticamente sin ríos superficiales, el agua no escurre, se filtra hacia abajo. En 2020 ya no quedaba a dónde filtrarse.

Después, a principios de octubre, llegó Gamma. Luego Delta, un huracán categoría 4 que tocó tierra en la península el 7 de octubre con vientos de 145 millas por hora. Después, Eta. Tres tormentas seguidas, cada una cayendo sobre un terreno que ya estaba saturado por la anterior. Calles enteras de Mérida desaparecieron, colonias completas quedaron bajo el agua durante días. En los mercados de la ciudad y a lo largo de sus corredores comerciales, los pequeños negocios, fondas, ferreterías, costureras, mueblerías, vieron cómo su mercancía, su equipo y, en algunos casos, su sustento entero absorbían el golpe. Nunca había vivido lluvia sin parar durante seis días seguidos, totalmente abrumador.

Lo que me llamó la atención, no fue la destrucción en sí, fue lo distinto que pegó en cada negocio. Dos fondas en la misma calle, atendidas por mujeres con medios similares y una base de clientes parecida. Una cerró durante tres meses, la otra reabrió en dos semanas. La diferencia no fue la tormenta (la tormenta fue la misma para ambas) fue todo lo que existía antes de que llegara: un pequeño colchón de ahorros, un proveedor que extendió crédito informal sin que se lo pidieran, una red familiar que pudo cubrir gastos durante unas semanas mientras los pisos se secaban, una de las mujeres tenía esto y la otra no.

Esa asimetría, es de lo que trata esta columna, y es una diferencia que el sistema financiero, tal como está construido, prácticamente no puede ver. No todas las pymes que enfrentan la misma disrupción son igual de vulnerables. Dos negocios que operan uno junto al otro pueden vivir el mismo evento, pero su capacidad de absorberlo y recuperarse puede diferir radicalmente según las inversiones previas, la flexibilidad operativa y la preparación financiera con la que contaban.

La preparación no es solo un mecanismo de respuesta, es una variable competitiva que empieza a moldear los resultados mucho antes de que llegue la disrupción. En Pakistán, 40% de las instituciones de microfinanzas respondieron a los choques climáticos reduciendo o suspendiendo el crédito a los sectores afectados, un reflejo que agravó las dificultades de sus clientes mientras encogía, al mismo tiempo, el mercado del que esas mismas instituciones dependen.

A medida que los choques climáticos dejan de ser la excepción para volverse la norma, esta variación en la preparación separa cada vez con más fuerza a los negocios que se recuperan de los que no. La evidencia es contundente: uno de cada tres adultos en países de bajos ingresos reporta haber sido afectado personalmente por un choque climático en los últimos tres años, y de ellos, más de dos tercios perdieron ingresos o activos como resultado. Sin embargo, apenas 3.4% del financiamiento climático global se destina a adaptación, y menos de una quinta parte de ese monto llega realmente a las comunidades locales.

Todo esto apunta a la necesidad de dejar de tratar a las pymes como una categoría uniforme de riesgo, y avanzar hacia enfoques que reconozcan y respondan a los distintos niveles de resiliencia en el segmento de pequeñas empresas. El caso de negocio es contundente, el World Resources Institute indica que cada dólar invertido en adaptación y resiliencia genera 10.50 dólares en beneficios a lo largo de diez años, entre pérdidas evitadas, actividad económica inducida y otros retornos sociales más amplios. Los programas de crédito para recuperación diseñados específicamente para negocios con capacidad real de recuperarse han mostrado tasas de pago de entre 95% y 99% en doce países, en algunos casos superiores a los niveles previos al desastre, precisamente porque la intervención se ajustó a la capacidad real de la pyme en lugar de aplicarse de manera uniforme.

Una forma de llevar este cambio a la práctica es construir un índice de resiliencia para pequeñas empresas, un marco estructurado para evaluar el nivel de preparación frente a disrupciones climáticas en cuatro dimensiones —exposición al riesgo, vulnerabilidad operativa, capacidad de respaldo financiero por capas, y acceso a productos financieros adaptativos—. Un índice así podría informar cómo se diseñan, se cotizan y se despliegan los instrumentos financieros, asegurando que los mecanismos de respuesta estén alineados no solo con el tipo de disrupción, sino con la capacidad real de los negocios a los que buscan apoyar. El objetivo no es excluir del apoyo a las pymes menos resilientes, sino diseñar intervenciones calibradas a dónde se encuentra realmente cada negocio, y qué necesita en verdad para recuperarse.

Todavía pienso en aquellas dos fondas de aquella calle en Mérida. Conforme los choques climáticos se vuelven más frecuentes y más severos, el costo de esa invisibilidad se acumula. Las herramientas para hacerlo mejor ya existen. Lo que falta es la voluntad institucional de mirar más allá de la categoría y ver a la pyme real: preguntar no solo “¿este negocio fue golpeado por una tormenta?”, sino “¿tiene este negocio lo necesario para volver a levantarse?”. Esa pregunta, hecha a tiempo y respondida con seriedad, es la diferencia entre un crédito que sobrevive a un desastre y uno que termina siendo parte del daño.