En Morena ya no hay disimulo. La carrera por las 17 gubernaturas que estarán en juego en el 2017 entra a la recta final a toda velocidad y los aspirantes se mueven con desesperación, con patadas por debajo de la mesa y la intensificación de la guerra sucia.

Diputados, senadores y funcionarios preparan sus salidas de sus puestos para dedicarse de lleno a la búsqueda de la nominación, en un fenómeno que convertirá a San Lázaro y al Senado en una fábrica de licencias durante los próximos días.

El mensaje político es evidente: quienes aspiran a gobernar un estado tienen que mostrarse, construir estructura territorial y aparecer como los mejores perfiles ante la dirigencia de Morena. La disputa interna se intensifica y algunos nombres ya circulan como cartas prácticamente apartadas dentro del oficialismo.

Las encuestas a modo se preparan para validar la decisión presidencial.

Entre los perfiles que han ganado terreno en los estudios demoscópicos aparecen en primer lugar la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño, señalada como una de las figuras con mayor impulso para la sucesión en Chihuahua; Pavel Jarero Velázquez, mencionado dentro de la carrera por Nayarit; la senadora Imelda Castro; Beatriz Mojica Morga; Ana Lilia Rivera; Julieta Ramírez Padilla; y Ruth González Silva (PVEM), entre otros nombres que ya levantan la mano en la carrera sucesoria en diversas entidades.

La guerra fratricida entre las tribus causará rupturas y dimisiones en las filas de Morena y allí es donde la oposición estará puesta a cazar a esos tránsfugas del oficialismo.

El próximo lunes, varios de estos aspirantes estarán a primera hora en las oficinas partidistas de Morena y del Partido Verde para formalizar sus intenciones. La escena será una fotografía del arranque de una contienda que, aunque formalmente todavía no inicia, en los hechos ya está en marcha.

Qué importa si son actos adelantados de campaña; al fin y al cabo, tiene el oficialismo cooptado al INE y al TEPJF.

El problema es que estos movimientos abren nuevamente la discusión sobre los límites entre promoción política y actos anticipados de campaña. Para sus críticos, Morena vuelve a jugar al límite de la ley electoral: adelanta tiempos, posiciona perfiles y genera una ventaja frente a otros contendientes mientras las autoridades electorales hacen como que la Virgen les habla.

Más allá del debate sobre la equidad de género, que será un elemento central en la definición de candidaturas, existe una señal política desde Palacio Nacional: la intención de que el número de mujeres postuladas sea mayor.

La paridad no sólo será una obligación legal, sino una herramienta para ordenar la competencia interna y evitar una guerra intestina.

La batalla por las gubernaturas y curules en la Cámara de Diputados federal ocurre al mismo tiempo que Morena intenta cerrar otro frente estratégico: la renovación de su alianza electoral con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

La confirmación de la coalición oficialista a nivel nacional —con excepciones en algunos estados— será otro capítulo de una relación marcada por acuerdos, tensiones y negociaciones. Morena necesita mantener ese bloque unido para intentar conservar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ya sea mediante triunfos electorales o a través de una interpretación de las reglas de representación que sus adversarios han cuestionado, pero que han avalado Guadalupe Taddei y sus “borregos” en el INE y Mónica Soto y sus “Felipes” en el Tribunal Electoral.

Desde la oposición se acusa que todas las resoluciones de los órganos electorales federales han favorecido al oficialismo y han permitido ampliar su control legislativo.

Todo este movimiento político sucede bajo una presión adicional: los señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre actores políticos mexicanos y organizaciones criminales.

El tema vuelve a colocar bajo reflectores a figuras del oficialismo y amenaza con convertirse en un factor de desgaste para Morena, particularmente por los nombres de políticos sinaloenses como Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez, además de cuestionamientos públicos que han alcanzado a gobernadores de otras entidades.

La sucesión estatal está al tope. Las licencias que vienen en el Congreso serán la primera señal de quiénes cuentan con respaldo interno y quiénes tendrán que esperar. Morena enfrenta ahora una doble presión: administrar la pelea por el poder en los estados, contener los costos políticos de las acusaciones que amenazan con ensombrecer su narrativa de transformación y evitar la ruptura interna.

Otro factor relevante que muestra la debilidad de Morena es la estrepitosa derrota sufrida en Coahuila, en donde, a pesar de contar con las estrellas del oficialismo para revertir el fracaso, como Andy, Alcalde y Montiel, se demostró que no son invencibles.