Ojo aquí, senadora, porque la Fiscalía del Estado de México ya comenzó a investigar. Recientemente, la legisladora de Morena Mariela Gutiérrez Escalante reconoció que autorizó el sacrificio de más de 10 mil perros durante su gestión como alcaldesa de Tecámac. La situación fue calificada por organizaciones ambientalistas como un caso de maltrato animal, delito sancionado por el Código Penal mexiquense.

El 15 de abril, autoridades del Estado de México informaron que iniciaron una investigación tras las declaraciones de la senadora morenista, luego de varias denuncias presentadas por manifestantes.

La Fiscalía mexiquense precisó que las indagatorias por posibles actos de maltrato animal se sustentan en los artículos 235 Bis y 235 Ter del Código Penal estatal, con el objetivo de determinar la existencia de conductas delictivas y la posible participación de servidores públicos encargados del manejo de animales.

¿Qué establece el Código Penal sobre maltrato animal?

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, se considera delito causar la muerte a un animal que no sea considerado plaga, así como incurrir en actos de maltrato o crueldad que le provoquen sufrimiento, conductas que son sancionadas con penas de prisión.

La legislación distingue entre dos escenarios: cuando el animal muere como consecuencia del maltrato y cuando solo presenta lesiones o daño físico. En el primer caso, cuando el maltrato causa la muerte del animal, se establecen sanciones que van de 6 meses a 4 años de prisión, además de multas de 150 a 300 días.

En los casos donde no hay muerte, pero sí maltrato o crueldad, el Código Penal establece sanciones que van de 6 meses a 2 años de prisión, además de multas de 50 a 150 días. Estas penas constituyen la base legal para sancionar este tipo de conductas.

Sin embargo, la situación cambia con el artículo 235 Ter, que contempla agravantes cuando los hechos son cometidos por servidores públicos o por personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado o manejo de animales, como es el caso de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, quien encabezó la alcaldía de Tecámac entre 2019 y 2024.

En estos casos, la ley establece un incremento de la pena hasta en una mitad adicional, así como la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Esto implica que la sanción no se limita al ámbito penal, sino que también tiene consecuencias administrativas. Con la aplicación del agravante, las penas pueden alcanzar hasta 6 años de prisión, además de multas económicas más elevadas.

¿Qué ha dicho Mariela Gutiérrez Escalante?

Mariela Gutiérrez Escalante reconoció que durante su gestión se sacrificaron miles de perros en Tecámac, aunque sostuvo que las acciones se realizaron conforme a la normativa vigente, al argumentar que se trataba de animales que representaban un riesgo sanitario o habían protagonizado agresiones contra la población.

“No hubo indiferencia, no hubo crueldad. Enfrenté una realidad difícil y tomé decisiones en marco de la ley, buscando el menor daño posible”, declaró.

Tras darse a conocer dicha situación, organizaciones ambientalistas solicitaron ante el Senado que la legisladora sea separada del cargo y se inicie el procedimiento correspondiente, al considerar que debe enfrentar responsabilidades por presunto maltrato animal.

La petición fue presentada por la activista Zyanya Polastri, quien sostuvo que una persona que ordenó la muerte de miles de animales debe rendir cuentas ante las autoridades.

Posteriormente, la senadora Mariela Gutiérrez señaló que recibió múltiples amenazas a través de redes sociales y otros medios, tras la difusión del caso, situación que atribuyó a la reacción de grupos animalistas y al impacto político del tema.