La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 271 a favor 92 en contra 0 abstenciones, la reforma de instituciones y procedimientos electorales para crear una comisión de consejeros del INE que auxiliaría a los partidos políticos para detectar posibles vínculos entre candidatos con el crimen organizado.

“El objetivo de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas es recibir de los partidos políticos los listados de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles”, explicó el legislativo en un comunicado.

El documento, que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, menciona que dicha información podrá ser total o parcial, y se realizará de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente.

Las instancias competentes serán la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Estas instituciones establecerán la metodología y los criterios aplicables para realizar sus evaluaciones de riesgo y, con base en ello, determinarán la existencia de un riesgo razonable a partir del análisis de la información indiciaria con la que cuenten para presumir que la persona evaluada está relacionada con actividades delictivas.

La comisión estaría conformada por cinco consejeros electorales, quienes serían elegidos por el voto Consejo General del INE para ejercer funciones durante un periodo de tres años.

La discusión se dio junto con la reforma judicial 2.0 y la de no intervención extranjera en elecciones, con lo que los legisladores llevan 32 horas ininterrumpidas de sesión.

La narcopolítica: un problema que lleva a 85 funcionarios detenidos

El miércoles 27 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que 85 funcionarios y exfuncionarios públicos han sido detenidos por tener vínculos con el narcotráfico durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Una gran parte de las detenciones ocurrieron como resultado de los operativos bajo la Operación Enjambre, desplegado en el Estado de México y Morelos.

En este último estado, las autoridades indicaron que algunos municipios fueron coptados por el Cártel de Sinaloa tras las elecciones de 2021 con el objetivo de recibir protección a sus actividades delictivas.

Harfuch añadió que las investigaciones se realizan sin distinción de los partidos políticos.

“En estos casos están de todos los partidos y de todos los colores”, dijo.

El INE cuestiona iniciativa y Sheinbaum responde

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, se pronunció en contra de la propuesta de la comisión, al asegurar que se colocaría a la autoridad electoral “en el centro de la disputa política”.

“Si el marco legal obligará al INE a asumir funciones que impliquen juzgar, determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas.“, alertó Taddei en conferencia de prensa.

Después de la crítica, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Taddei no entendió bien la propuesta, esto durante su conferencia de prensa maturtina.

“Yo creo que ella está entiendo mal la propuesta que estamos haciendo”, señaló Sheinbaum, quien sostuvo que la reforma no es para que el INE determine la viabilidad de las candidaturas ni tome la decisión final sobre las mismas, puesto esto solo corresponde a los partidos.

La mandataria federal subrayó que lo que se busca con la reforma es crear una comisión de consejeros del INE que únicamente reciba las solicitudes de verificación que realicen los partidos políticos.

Posteriormente, esta comisión turnaría los requerimientos a instituciones de seguridad y justicia, como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que estas den a conocer si hay alguna alerta.