Hay debates que merecen tenerse, pero que se pierden cuando se parte de una premisa equivocada. De manera temeraria hay voces que afirman que la conectividad de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano era frágil y endeble, utilizando como referencia el fallo de la licitación pública LA-07-110-007000999-I-727-2025, a través de la cual la Secretaría de la Defensa Nacional adjudicó un contrato a la empresa Jomtel Telecomunicaciones para adquirir 8 mil 361 equipos celulares, donde por cierto, Jomtel obtuvo el mayor puntaje y presentó una oferta económica aproximadamente 40 millones de pesos por debajo que la del segundo lugar.
Dichas voces contrastan esa adquisición con los sistemas que emplean “los altos mandos del Ejército” en Estados Unidos y Europa, y sin temor a equivocarse, van más allá afirmando que existe una brecha tecnológica innegable. El problema es que no se está comparando lo mismo. Los equipos de esta licitación no son de uso para un alto mando militar: son dispositivos destinados a la Guardia Nacional, es decir, a tareas civiles de seguridad ciudadana. Me explico.
Los estándares de criptografía de grado militar como FIPS 140-3 responden a una realidad específica, el del combate, que no es el de un agente patrullando una ciudad. El referente correcto para la Guardia Nacional son los cuerpos civiles equivalentes: la Guardia Civil española o la Gendarmería francesa, que operan precisamente con esta clase de equipos LTE comerciales reforzados. Medido contra ese parámetro, lo solicitado por la Defensa tiene plena lógica.
Por otra parte, expertos afirman que los equipos móviles que se utilizan en México no necesariamente deben cumplir con el estándar FirstNet, que es una red de banda ancha para seguridad pública creada por una ley estadounidense, operada por un particular y bajo vigilancia del gobierno de Estados Unidos.
Por el contrario, en México ya opera sobre la Red Compartida de Altán, una red mayorista de origen mexicano. Las soluciones MCX integradas a esa red otorgan a los usuarios de misión crítica prioridad sobre el tráfico comercial y acceso garantizado incluso en condiciones de saturación. La variante ofrecida a la Guardia Nacional contempla exactamente esa capa de prioridad de misión crítica. La comunicación de emergencia no compite, pasa primero.
Por supuesto que conviene tener una conversación seria sobre las comunicaciones de seguridad del Estado mexicano: sobre la conveniencia de acelerar la cobertura nacional de misión crítica, sobre los plazos de migración tecnológica, sobre la resiliencia de la infraestructura, pero hay que ser responsables y apegarse incondicionalmente al rigor técnico en un tema tan especializado.