Argentina ha expulsado en los últimos seis meses a unos 14 mil extranjeros por diversas causa, según se jactó este martes el gobierno del ultraderechista Javier Milei, que ha endurecido la política migratoria del país suramericano.
“En los últimos seis meses, 14.000 personas fueron expulsadas, personas con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales, extraditados y los que intentaron ingresar incumpliendo nuestras normas. Todos, afuera”, afirmó la ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva.
En un video publicado en redes sociales, Monteoliva sostuvo que Argentina “está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley” y advirtió que, quienes no hagan eso, “no tienen lugar” en el país suramericano.
Las reformas migratorias impulsadas por Javier Milei
En mayo de 2025, el gobierno de Milei realizó reformas al régimen migratorio argentino que incluyeron restricciones más severas para obtener la residencia, el fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes.
En noviembre de 2025, el Ejecutivo de Milei anunció la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria, organismo de coordinación fronteriza, policial y de inteligencia migratoria.
En febrero pasado, Argentina puso en marcha un Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF) para fortalecer el control de las fronteras.
Milei elimina criterios de diversidad en la Corte Suprema
Milei modificó este martes por decreto el procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y dejó sin efecto la recomendación de considerar la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia regional al momento de cubrir las vacantes del máximo tribunal.
La norma, firmada por Milei y el ministro de Justicia argentino, Juan Bautista Mahiques, fue publicada este martes en el Boletín Oficial y modifica dos decretos del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) que regulaban los mecanismos para la designación de jueces de la Corte Suprema, fiscales y defensores públicos.
Entre los principales cambios, el decreto elimina la etapa de recepción de observaciones, adhesiones e impugnaciones ciudadanas que se podían presentar ante el Ministerio de Justicia previo al envío del pliego al Senado, donde los candidatos a jueces del Supremo deben obtener el acuerdo constitucional.
El Ejecutivo mantiene sin embargo el proceso de audiencia pública, impugnaciones y votación en el Senado, donde los candidatos a integrar el máximo tribunal necesitan un respaldo de dos tercios.
La reforma también deja sin efecto la obligación de publicar los antecedentes de los postulantes en diarios de circulación nacional y local. A partir de ahora, la difusión se realizará a través del Boletín Oficial y de la página web del Ministerio de Justicia, con plazos más reducidos.
La nueva normativa elimina la recomendación de contemplar la diversidad de género, las especialidades jurídicas y la procedencia regional de los candidatos al momento de proponer integrantes para la Corte Suprema.