En un entorno de enorme presión con Estados Unidos por el caso Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió impulsar algunos ajustes a la reforma judicial de 2024. El propósito, según expresó, consiste en facilitar el mecanismo de votación que hoy es muy complejo para la ciudadanía y en llevar hasta 2028 las elecciones que estaban programadas en forma simultánea con las elecciones de los poderes legislativos y ejecutivos de 2027.

Diferir un año las elecciones judiciales para llevarlas hasta el 4 de junio de 2028 es un ajuste necesario que aliviará parte de las tensiones de la logística electoral que lucía imposible sincronizar para el próximo año, pero sin alcanzar el propósito de reducir costos electorales que, al final, se duplican. Habrá que analizar los detalles y saber qué implicaciones tendrá la propuesta presidencial explicada por Luisa María Alcalde, consistente en que las siguientes elecciones seguirán siendo concurrentes para cubrir vacantes que se generen.

La iniciativa será aprobada fast track, primero en la Cámara de las diputaciones en un periodo extraordinario de sesiones, luego en el Senado y finalmente en los Congresos locales, con la prevención de que en los primeros días de junio quedará concluido el trámite legislativo. De una primera revisión, se advierte que la propuesta busca un reforzamiento de los mecanismos que permitirán a la ‘4T’ seguir imponiendo a las personas juzgadoras, en la medida en que los miembros de los comités de evaluación ahora nombrarán una comisión coordinadora, con un integrante de cada comité que tendrá la responsabilidad de unificar las metodologías de trabajo en la revisión del cumplimiento de las y los aspirantes y en la aplicación de un examen de conocimientos.

La ‘4T’ da marcha atrás y pretende corregir algunos excesos de la reforma original, reviviendo aspectos del modelo de carrera judicial anterior. Ahora buscan incorporar un examen de conocimientos a los aspirantes y un proceso de capacitación obligatoria permanente para los jueces y magistrados electos que estará a cargo de la Escuela Nacional de Formación del Poder Judicial de la Federación. También la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvería a tener dos secciones, como las salas que suprimieron para resolver todo en el pleno y que generó una enorme complicación para su funcionamiento.

La iniciativa presidencial incluye propuestas para reducir el número de candidaturas por cargo, simplificar los contenidos de la boleta electoral, permitir que en elecciones concurrentes las casillas se instalen y los escrutinios se realicen en el mismo lugar sin intervención de los partidos; igual se propone que el Senado emita la convocatoria a elecciones tres meses antes de la fecha que actualmente se indica, además de establecer que los Congresos locales estarán obligados a ajustar su legislación para incorporar obligatoriamente los ajustes que se aprueben en el ámbito federal.

La iniciativa vuelve a ser apresurada, sin diagnósticos precisos y es omisa en las partes medulares del problema: establecer reglas que garanticen la autonomía de los poderes judiciales frente al poder político, corregir el funcionamiento que cotidianamente se observa hasta en la propia Corte, tampoco se busca garantizar una integración imparcial, empezando por los comités de evaluación que seleccionan las candidaturas para cada cargo judicial ni se incluyen mecanismos de información sobre los perfiles de las candidaturas; no se ataca el nocivo efecto de los acordeones y, por el contrario, se mantiene la esencia de la reforma original: imponer personas juzgadoras afines al proyecto de la ‘4T’. Todo igual.