Hace apenas unos meses, en este mismo espacio, sostuve que las entidades federativas tenían frente a sí una oportunidad que no debía desaprovecharse: la posibilidad de recurrir a créditos productivos, bajo criterios de responsabilidad hacendaria, para impulsar infraestructura y atender rezagos que durante años han limitado el desarrollo regional. El planteamiento era claro: cuando el financiamiento se orienta a inversión pública productiva, no representa una desviación de la disciplina financiera, sino una herramienta legítima para ampliar capacidades del Estado.
Hoy esa conversación debe dar un paso más. Si en aquella ocasión el énfasis estaba en la posibilidad de contratar financiamiento para proyectos estratégicos, ahora conviene mirar también hacia la deuda ya existente. En el contexto del Plan México y del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, la discusión ya no puede centrarse solamente en cuánto pueden endeudarse los estados, sino en qué tan bien están administrando sus pasivos actuales para generar margen de maniobra y acelerar la inversión pública.
La realidad es que muchas entidades federativas llegan a este momento con condiciones financieras más sólidas que en el pasado. Eso abre una oportunidad que debe analizarse con seriedad: refinanciar o reestructurar la deuda subnacional para mejorar su perfil, reducir presiones de pago, liberar flujo presupuestario y recuperar espacio fiscal. No se trata de posponer obligaciones ni de maquillar balances. Se trata, por el contrario, de utilizar instrumentos financieros permitidos por la ley para ordenar pasivos, hacerlos más eficientes y alinear su servicio con las prioridades de desarrollo de cada gobierno.
Este punto es central porque el desafío de los estados no consiste únicamente en preservar indicadores sanos, sino en traducir esa estabilidad en mayor capacidad de inversión. De poco sirve mantener estructuras de deuda rígidas o costosas si eso limita la posibilidad de destinar recursos a infraestructura hidráulica, movilidad, equipamiento urbano, salud, educación o servicios públicos esenciales. Una deuda bien gestionada puede convertirse en una palanca para liberar recursos y destinarlos a proyectos que eleven la competitividad regional y mejoren la calidad de vida de la población.
Por eso, refinanciar o reestructurar debe entenderse como una decisión de política hacendaria, no solo como una operación financiera. Implica revisar plazos, tasas, calendarios de amortización, fuentes de pago y condiciones contractuales para determinar si una entidad está aprovechando de la mejor manera posible su capacidad institucional y presupuestaria. En muchos casos, el mayor beneficio no estará en contratar inmediatamente nuevos créditos, sino en optimizar primero los pasivos vigentes para abrir espacio a una estrategia de inversión más robusta y sostenible.
Ese proceso, sin embargo, exige rigor técnico. Requiere diagnósticos financieros integrales, análisis jurídico, evaluación de escenarios de mercado y acompañamiento especializado para asegurar que cualquier refinanciamiento o reestructura fortalezca, y no debilite, la sostenibilidad hacendaria. En este terreno, el INDETEC puede cumplir una función estratégica: acompañar a los gobiernos estatales en todo el proceso de refinanciamiento o reestructura de deuda subnacional, con una visión técnica, institucional y orientada a resultados. No solo para mejorar condiciones financieras, sino para ayudar a que ese esfuerzo se traduzca en mayor margen para inversión pública productiva.
El momento es especialmente oportuno. Si el país busca impulsar una nueva etapa de inversión pública, los gobiernos subnacionales deben revisar desde ahora si su estructura de deuda les permite acompañar esa agenda con eficacia. No basta con tener acceso al crédito; hace falta saber administrarlo estratégicamente. En un entorno donde hoy existen mejores condiciones para hacerlo, refinanciar o reestructurar puede ser una decisión inteligente para fortalecer finanzas, liberar capacidad presupuestaria y ampliar el impacto del gasto de capital.
Refinanciar o reestructurar a tiempo puede ser la diferencia entre una deuda que inmoviliza y una deuda que abre espacio para construir infraestructura, competitividad y bienestar.