La última semana de mayo, dos de las principales fuerzas políticas del país centraron la discusión en la interpretación de una sola palabra. En el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el segundo aniversario de su triunfo con un discurso encendido sobre la soberanía nacional: advirtió que cuando otro país pretende decir, desde fuera, quién es culpable y quién no, eso lleva el nombre de “injerencia” y remató con la frase: “México no es piñata de nadie”. Por otro lado, un día antes, en un centro de convenciones de Chihuahua, se reunió el panismo – con presencia de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderon –. Ahí sonó la consigna “Yo con Maru”, para defender a la gobernadora de ese estado de lo que llaman “la persecución de un narcogobierno” y, desde ahí, velar por un país capaz de gobernarse a sí mismo. Dos actos, dos discursos, dos fuerzas peleándose por apropiarse de la misma palabra: “soberanía”. El narcotráfico es apenas el terreno donde se da el pleito.
Técnicamente, de acuerdo con la Real Academia Española, la soberanía es: “Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente”. Hasta ahí, la definición es nítida; la disyuntiva sucede cuando ésta sale del diccionario y entra en la política mexicana, donde dos fuerzas se la disputan como si significara cosas opuestas. Por un lado, se apunta la defensa de la independencia ante otro país y por el otro ante fuerzas criminales.
El oficialismo la usa para rechazar la acusación del Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con grupos criminales. Desde el ejecutivo federal se insiste en que las imputaciones se hicieron sin pruebas y con fines políticos; pero el mismo principio le sirve para atacar a la oposición. La indagatoria federal contra Maru Campos no es por proteger a los narcos, sino por presuntamente haber permitido en un operativo en la Sierra Tarahumara la participación de agentes extranjeros reportados como vinculados a la CIA sin autorización de la Federación.
El PAN, por su parte, tampoco defiende abstractamente “el combate al crimen”. El partido construyó una narrativa con lo que explica lo que sucedió con Maru: si eres gobernadora opositora y desmantelaste un narcolaboratorio, te citan a la Fiscalía; si eres aliado del oficialismo y te acusa Washington, te protegen. Es una jugada que también tiene doble filo, porque quienes encabezan el relanzamiento de la bandera antinarco son los expresidentes Fox y Calderon, y el segundo reivindicó en el mitin aquella guerra que la academia asocia con el estallido de la violencia en nuestro país.
Ahora, ¿qué opinamos las y los mexicanos al respecto? Una encuesta de El Financiero realizada en enero halló que el 76% de la población mexicana prefiere que Estados Unidos no se entrometa en los asuntos nacionales, frente a apenas 23% que pediría mayor colaboración contra el crimen, y que el 78% rechaza el empleo de fuerzas militares estadounidenses en territorio nacional. El Universal apunta la misma tendencia: el respaldo a la cooperación bilateral se desplomó a 24%, 29 puntos menos que en tiempos de Biden. La definición de soberanía de Sheinbaum tiene mayoría. Ahora, el flanco débil del oficialismo está en otra parte, pues pese a la insistencia en que las acusaciones contra Rocha carecen de pruebas, una medición de Enkoll para El País y W Radio halló que el 62% las considera creíbles y, de acuerdo con AtlasIntel la corrupción es la principal preocupación nacional, señalada por el 59%.
Se prefiere un país independiente tanto de Estados Unidos, como de las amenazas del crimen. El choque de discursos se resolverá a favor de quien diga soberanía completa; de quien logre convencer a la ciudadanía con un proyecto de nación que defienda al país de fuera sin dejar de protegerlo por dentro.